Finalmente, el gobierno reglamentó el uso de las armas eléctricas “no letales”, pistolas Taser, una obsesión de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que venía exponiendo los supuestos beneficios de esta herramienta policial.
Si bien el arma es utilizada a varios países del mundo y es vendida como una forma no letal para reducir a delincuentes o sospechosos, lo cierto es que incluso la propia empresa Taser admite que su uso indebido puede conducir a la muerte.
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La resolución 395/2019 explica, a grandes rasgos, en qué momento las fuerzas de seguridad podrán utilizar las pistolas eléctrica. Argumentos similares a los esgrimidos en la popularmente conocida “Doctrina Chocobar”, en donde el gobierno de Cambiemos permitió que las fuerzas puedan disparar por la espalda ante una situación que se considere un peligro o incluso, por un intento de fuga.
Así entonces, el ministerio de Seguridad que dirige Bullrich indicó que las pistolas de electrochoques podrán ser utilizadas:
- Para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de auto lesionarse.
- Cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas.
- Para impedir la comisión de un delito de acción pública.
Sin embargo, un informe presentado en 2012 por Amnistía Internacional, puso en polémica la utilización de este tipo de pistolas luego de que confirmara que entre 2001 y esa fecha, al menos 500 personas habían muerto en Estados Unidos a causa de las descargas producidas por las Taser. El caso paradigmático de Israel Hernández, un joven de 18 años que murió ante las constantes descargas de la policía en Miami en 2013, puso otra vez en evidencia esto.
De hecho, las estadísticas que tiene la misma organización de Derechos Humanos explica que del total de casos de personas que murieron por los electrochoques, sólo 33 portaban armas y de estas, sólo 4 con armas de fuego. Esto quiere decir, que más del 90 por ciento de las víctimas fatales, estaban desarmadas.
or ejemplo, un estudio realizado por Amnesty International en los EE.UU mostró que de 334 personas muertas por el uso de las Taser entre 2000 y 2007, sólo 33 portaban armas y sólo 4 armas de fuego. Es decir, más del 90% de las víctimas fatales estaban desarmadas.
La nueva “novedad” que presentó el gobierno en materia de seguridad se inscribe en uno de los ejes centrales que se eligió para la campaña electoral. Ante la imposibilidad de poder mostrar logros en el orden económico, el oficialismo agita uno de los temas que más movilizan a la sociedad. En el mismo tema se encuentran el intento por bajar la edad de imputabilidad y la expulsión de extranjeros que delincan.
“Estamos absolutamente en contra porque es un instrumento de tortura, es una picana a distancia portatil y pensar su uso por parte de las fuerzas de seguridad en nuestro país, y con nuestra historia, es totalmente inaceptable”, expresó hace poco la titular de Correpi, María del Carmen Verdú, cuando el debate sobre la pistola Taser recién se instalaba.
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