Trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires convocaron hoy un paro de 24 horas y movilización a la Casa de Gobierno para exigir la continuidad laboral de 11 mil personas que se desempeñan en el ámbito público. Es que los contratos vencen en diciembre y hay un clima de temor e incertidumbre respecto del futuro de los puestos de trabajo.
En el marco el conflicto, desde ATE se está construyendo un relevamiento que muestra el mapa real del “estado del Estado” en materia de precarización laboral, con el objetivo de reclamar la continuidad laboral de estos trabajadores.
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Según en trabajo, la Dirección General de Escuela es la que cuenta con mayor personal precarizado (800 personas), casi doblando la cantidad del Ministerio de Infraestructura (470 empleados), que está segundo en el ranking junto a Jefatura de Gabinete con la misma cantidad y contrato.
Es que en estas tres jurisdicciones las contrataciones son bajo la Ley de Emergencia Administrativa o los famosos “Autónomos”. Legislación que en mayo del corriente, el gremio de estatales denunció que se trata de “una herramienta para profundizar el ajuste en la provincia, posibilitando negocios con el sector privado sin mayores controles en detrimento de las áreas sociales, y que dicha Ley se ha transformado en el marco que permitió precarizar aún más las condiciones laborales de los estatales bonaerenses”.
Bajo la misma modalidad están vinculados contractualmente 380 empleados de IOMA, 160 de la Dirección de Vialidad, 122 de la OPDS, 130 de la Subsecretaría de Derechos Humanos, 10 del Patronato de Liberados, 120 del Ministerio de Producción, 106 de la Defensoría del Pueblo, 100 del Ministerio de Desarrollo Social, otros 100 del Ministerio de justicia de los cuales 27 son Monotributistas.
Y completan, 67 empleados autónomos del organismo Provincial de la Niñez, 64 de la Autoridad del Agua, 67 del Instituto de Previsión Social, 63 del Instituto Provincial de la Vivienda, 55 del Ministerio de Gobierno, 47 de la Contaduría General de la provincia, 10 de la Fiscalía del estado, 10 de la secretaria de Medios, 20 de ARBA, 15 del Ministerio de Agroindustria (Sede), 7 de la Secretaria Legal y técnica, y 5 de la Comisión Provincial de la Memoria.
Por su parte, hay otras jurisdicciones que contratan vía monotributo, como los 360 empleados del programa incluir Salud (ex Profe), los 70 de la Subsecretaría Social de Tierras, 20 de la Secretaria de Medios, 36 de Loterías y 495 de Casinos.
El relevamiento parcial de ATE totaliza 4.476 empleados, más 2 mil de la Dirección General de Cultura y Educación y del Ministerio de Salud que aportan nacionalmente, y 1500 del Ministerio de Salud con becas pre-ingreso y contingencia.
ATE denuncia una política de profundización de la precarización del estado provincial, que se llevó adelante con el congelamiento de las vacantes que se fueron generando por cese ya sea por fallecimiento, renuncia, retiro o jubilación, y no cubriendo esas bajas en la planta permanente de la Administración pública. Mientras por otro lado, aseguran desde el gremio que el gobierno fue cubriendo las necesidades concretas en las distintas áreas estratégicas del Estado generadas por esta “decisión gubernamental de achique, con el ingreso de trabajadoras y trabajadores con contrataciones precarias que vienen sosteniendo sin derechos ni garantías las funciones de lo público y que todos los días realizan las tareas habituales y regulares de la planta estable del estado”.
Por eso, llegan al debate del presupuesto 2020 con la propuesta de que se contemplen los cargos necesarios “para trasparentar esta situación, no deseada por los trabajadores precarizados, producto de decisiones gubernamentales”.
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