Disparar sin identificarse, tirar por la espalda, matar con menores restricciones. La resolución que le permite a la policía mayores libertades para disparar a matar, se basa en las propias subjetividades de los uniformados y no en un mero control judicial, como las normas internacionales y la propia Constitución argentina lo exigen.
Es decir, las razones que esgrimió el gobierno de Mauricio Macri para que las fuerzas de seguridad puedan disparar con balas de plomo, son poco claras, e incluso, se parecen a las excusas que presentan muchos policías al momento de justificar el asesinato de un delincuente en los ya conocidos casos de “gatillo fácil”.
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Por ejemplo, uno de los puntos habilita el uso letal del arma de fuego “cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal”. Aunque en lo teórico esto pueda hasta resultar discutible, el profesionalismo de las fuerzas de seguridad dista mucho del imaginario y este punto no hace más que darle más impunidad al accionar policial.
En septiembre de este año, un chico de 9 años con retraso mental fue atacado brutalmente por un policía, cuando este jugaba en su vereda y le apuntó con un arma de juguete al uniformado que pasaba en su patrullero.
De la misma manera, en febrero de 2018, un policía de Seguridad Aeroportuaria asesinó de varios tiros a un joven de 16 años en Monte Grande, luego de que este lo haya intentando asaltar con un arma falsa.
Además, otro de los puntos polémicos de la resolución del gobierno de Macri da aval a las fuerzas para disparar con balas de plomo “cuando se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves”. Esa es la visión exacta que la ministra Bullrich ha sostenido en el caso Chocobar, luego de que el policía asesinara de varios tiros por la espalda a Pablo kukoc (18) luego de que este huyera tras haber herido a un turista.
Ese caso terminó en la Corte Suprema, y finalmente, el máximo tribunal decidió procesar al policía. Pese a ese, el gobierno avanzó con una resolución que había sido presentada de uso exclusivo para garantizar la seguridad en el marco de la Cumbre del G-20. Pero a su finalización, el Ejecutivo la publicó en el Boletín Oficial.
Por eso, varios organismos de Derechos Humanos se encuentran atentos a la medida y ya han repudiado la resolución 956/2018, a la cual han calificado de un intento de “legalización del gatillo fácil” o la “pena de muerte”.
Sin embargo, los especialistas advierten que la misma va en contra del Código Penal y de normativas internacionales como el “Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley” de la ONU, que forma parte de la legislación nacional a través de la Ley 24.059 de Seguridad Interior, y refiere al uso de armas de fuego como una medida “excepcional y extrema”.
Ahora, las fuerzas podrán disparar sin identificarse y –en consecuencia- tendrán menos sanciones en caso de abatir a la persona “sospechosa”.
“Hemos tenido casos en donde el no uso de las armas de fuego ha matado gente. Partimos de una Argentina donde a la gente la matan los delincuentes. El problema de violencia que tenemos es del delincuente que no valora al ciudadano”, consideró al respecto Patricia Bullrich, quien hasta ahora se ha mostrado inflexible en casos donde las fuerzas de seguridad han protagonizado hechos polémicos o condenables.
Prueba de esto fue el rol que ocupó la Gendarmería durante la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato por la espalda del joven mapuche Rafael Nahuel por parte de un grupo de Prefectura.
Por la reciente resolución, que el gobierno busca extender en todo el país “invitando” a las provincias, la ministra fue denunciada penalmente por “abuso de autoridad”.
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