El Gobierno nacional adelantó hoy los lineamientos del proyecto de ley con el que buscará reformar el Código Penal para llevarlo a la medida de Patricia Bullrich, que tendrá la tarea de defenderlo desde el Senado. La administración Milei quiere una “doctrina Bullirch” para oponerla al garantismo que atribuye a Eugenio Zaffaroni.
En conferencia desde Casa Rosada, el jefe de Gabinete Manuel Adorni definió la reforma del Código Penal como una “misión histórica” para el Congreso que asumirá el 10 de diciembre. El objetivo declarado: “poner orden donde antes reinaba la barbarie”. Según el Gobierno, la nueva doctrina busca que las penas se agraven, que la Justicia actúe a tiempo y que se termine la puerta giratoria.
Adorni vinculó la iniciativa con lo que llamó “el enorme aporte de Patricia Bullrich al restablecimiento del orden”. Aseguró que la ministra asumió en un país “sumido en un baño de sangre”, donde los piqueteros “eran dueños de la calle” y ciudades como Rosario funcionaban como “zonas liberadas para los narcoterroristas”. También destacó que los homicidios habrían bajado 11,5 % interanual, alcanzando “la cifra más baja del último cuarto del siglo”.
Recientemente, la socióloga Ángela Oyhandy le puso un contexto interesante a esos números. Entrevistada en el stream PBA, de INFOCIELO PLAY, aseguró que la tasa de encarcelamiento es la más alta de la historia y puso en duda la aseveración en torno a que el endurecimiento de penas tenga un correlato en la baja del delito mientras persista la situación de desigualdad social.
Fin de la “doctrina Zaffaronista” y penas más duras
El Gobierno plantea la reforma como un quiebre con la “doctrina Zaffaronista”, a la que Adorni responsabilizó por un sistema donde “el victimario se convertía en víctima”. Según el comunicado, el Código vigente está “hecho a medida de los delincuentes” y ofrece condenas insuficientes. El nuevo proyecto prevé agravar todas las penas, sumar castigos mayores para políticos que delincan en ejercicio de su función e impulsar que los delitos graves se vuelvan imprescriptibles.
Patricia Bullrich reforzó ese encuadre: afirmó que el Código apunta a revertir una lógica en la que “los más favorecidos eran los delincuentes, violadores y asesinos”, y garantizar que las penas se cumplan de manera efectiva. De acuerdo con sus proyecciones, con la nueva estructura “el 82 % de los delitos van a tener prisión efectiva”.
Nuevos delitos, legítima defensa y rol de las víctimas
Entre los cambios específicos, Bullrich mencionó la incorporación de la figura de conducción imprudente —reclamo impulsado por Madres del Dolor—, el abuso de armas y un rediseño del concepto de legítima defensa. Allí, la presunción será “siempre a favor de quien se defiende”. También aseguró que las víctimas podrán intervenir “en todo momento” del proceso judicial.
El Gobierno sostiene que estos ajustes buscan proteger a quienes cumplen “tareas fundamentales”, desde el ámbito educativo hasta las personas mayores.
Anuncios paralelos: ALERTAR y cambios en Aerolíneas
Además de la reforma penal, Adorni y Bullrich presentaron el Sistema de Alerta Temprana (ALERTAR), que enviará notificaciones en tiempo real ante desastres naturales, emergencias meteorológicas o situaciones de seguridad. Con una inversión de 12.000 millones de pesos del FSU, el sistema permitirá emitir mensajes simultáneos a todos los celulares de un área determinada, garantizando privacidad y anonimato.
Adorni también informó que Aerolíneas Argentinas incorporará 18 aviones con financiamiento propio, tras un proceso de “racionalización” que incluyó reducción del 18 % de la planta, cierres de sucursales y cancelación de rutas deficitarias. Según el Gobierno, la empresa pasó de pérdidas operativas anuales de 400 millones de dólares a un superávit de 56,6 millones en 2024, algo que consideran un paso hacia su “irremediable privatización”.
Finalmente, anunció inversiones por 500 millones de dólares en 15 obras para 13 aeropuertos, que se suman a otras 10 finalizadas este año. De enero a octubre, 41 millones de personas habrían utilizado aeropuertos en todo el país, un número que el Gobierno definió como récord histórico.
