Un hombre fue detenido este jueves en Berazategui acusado de haber amenazado al presidente Javier Milei a través de la red social X, en un caso que activó un despliegue policial tecnológico y judicial que involucra a dos juzgados federales.
El operativo se realizó en una vivienda ubicada sobre la avenida Vergara al 6900 de la ciudad del conurbano sur, donde irrumpieron efectivos de la División Conductas Tecnológicas Ilícitas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Qué hallaron en el allanamiento
Allí secuestraron un teléfono celular, dos CPUs y una notebook, dispositivos que quedaron bajo análisis para profundizar la investigación.
La detención quedó registrada en la causa bajo la carátula de “intimidación pública”, una figura prevista en el Código Penal que castiga a quien genere amenazas capaces de alterar la tranquilidad pública o infundir temor colectivo.
Dos jueces investigan el caso
En el caso intervienen el Juzgado Criminal y Correccional Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, y el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12 de Capital Federal, cuyo titular es el juez Ariel Lijo.
El hombre permanece detenido en calidad de “comunicado”, lo que implica que su situación procesal está sujeta a definición judicial mientras se le garantizan ciertos derechos, como mantener comunicación con su abogado y familiares.
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La investigación se enmarca en una serie de causas recientes que apuntan a amenazas digitales contra funcionarios nacionales. No es el primer episodio de este tipo que involucra al presidente Milei: en los últimos meses, se registraron otras detenciones por mensajes intimidantes tanto en redes sociales como en manifestaciones públicas.
Por el momento, no trascendieron detalles sobre el contenido exacto de los posteos que motivaron la denuncia ni la identidad del detenido.
Sin embargo, fuentes vinculadas a la pesquisa confirmaron que los peritajes a los dispositivos secuestrados serán clave para determinar el alcance de las amenazas y si existían eventuales conexiones con otras personas.
El procedimiento refleja el creciente rol de las unidades especializadas en ciberdelitos en la investigación de delitos que se gestan y se difunden a través de plataformas digitales.
Con la causa bajo secreto parcial, se espera que las próximas horas sean determinantes para definir la imputación formal y un eventual pedido de prisión preventiva.
