Después de más de una década, la Justicia bonaerense cerró uno de los capítulos judiciales derivados del robo que en 2013 tuvo como víctima al entorno familiar de Sergio Massa y Malena Galmarini.
El Juzgado en lo Correccional N°6 de San Isidro condenó al exfiscal Carlos Washington Palacios, a los abogados Tomás Pérez Bodria y Esteban Mauricio Español, y al testigo César Emiliano Jaunarena por haber montado una maniobra para favorecer al ex prefecto Alcides Díaz Gorgonio, ya condenado por aquel hecho.
Según la sentencia, entre fines de 2014 y marzo de 2015 los acusados produjeron prueba falsa, impulsaron testimonios adulterados y direccionaron una investigación paralela para intentar derrumbar la evidencia central del expediente principal.
La Justicia concluyó que el objetivo era beneficiar a Díaz Gorgonio y debilitar la acusación en su contra, en una causa que tuvo fuerte repercusión política por la vinculación con la familia Massa.
EL DURO MENSAJE DE MALENA GALMARINI
Tras conocerse la condena, Malena Galmarini publicó un fuerte mensaje en su cuenta de X. “Se metieron con mi familia. Intentaron ensuciar la verdad y terminaron CONDENADOS”, escribió.
Luego apuntó directamente contra los sentenciados: “El fiscal destituido Washington Palacios, los abogados Tomás Pérez Bodria y Esteban Español y el falso testigo César Jaunarena armaron una mentira para torcer una causa”.
En otro tramo sostuvo: “La justicia tarda pero llega. 13 años de mentiras, operaciones, ventajas políticas y corrupción llegaron a su fin”. Y cerró con una frase tajante: “La condena es clara: NO TODO VALE”.
LAS CONDENAS
El fallo impuso a Palacios seis años de prisión y 12 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por incumplimiento de deberes de funcionario público, encubrimiento agravado, falsedad ideológica e instigación al falso testimonio.
En tanto, Pérez Bodria y Español fueron condenados a cinco años de prisión y cinco años de inhabilitación para ejercer la profesión de abogado, mientras que Jaunarena recibió cuatro años de prisión.
El juez consideró probado que existió “una secuencia de comportamientos coordinados y orientados en una misma dirección” para afectar el funcionamiento de la administración de justicia.
EL CONTEXTO: QUÉ HABÍA PASADO
La historia se remonta a julio de 2013, cuando Díaz Gorgonio, integrante de una fuerza de seguridad, fue investigado por un robo agravado.
Durante los allanamientos realizados en Tigre se secuestraron armas, dinero en efectivo y distintos objetos, entre ellos una medalla con la inscripción “Sergio Massa Diputado”, pieza que quedó incorporada a la causa y fue considerada parte de la prueba clave.
Más tarde, la defensa del prefecto intentó desacreditar el procedimiento y la validez del acta de allanamiento. De acuerdo con el nuevo fallo, allí comenzó la maniobra: se utilizó una denuncia por amenazas presentada por Jaunarena para abrir una investigación que, en lugar de avanzar sobre ese delito, se enfocó en cuestionar el expediente del robo.
La sentencia remarca que no se investigaron de manera genuina las amenazas denunciadas y que toda la actividad judicial estuvo orientada a poner en crisis la prueba del proceso principal.
