La abultada victoria de Axel Kicillof en las primarias bonaerenses no sólo caló hondo en la dirigencia política de Cambiemos. También el empresariado que creció al calor de las ventajas que el gobierno de María Eugenia Vidal ofreció, aún en controversia con la legislación vigente, entró en estado de alerta.
Ese diagnóstico es aplicable a Rogelio Pagano, principal accionista del grupo DESA, que controla las distribuidoras eléctricas bonaerenses –EDEA, EDEN, EDES Y EDELAP- con el beneplácito del gobierno provincial. Pagano quedó en la mira de propios y extraños a partir de los prolongados cortes de energía que afectaron a La Plata en junio. Pero tiene más explicaciones para dar.
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En las últimas horas corrió con fuerza el rumor de que empresarios chinos estarían interesados en comprar la mitad de las acciones de DESA. José Rigani, titular del sindicato Luz y Fuerza de Mar del Plata fue uno de los que lo dio por hecho. Y atribuyó la movida a la búsqueda de un paraguas para evitar que se impugne el proceso de conformación del monopolio que ostenta un empresario que, como Marcelo Mindlin, que controla EDENOR, y Nicolás Caputo, de EDESUR, es muy cercano al presidente Mauricio Macri.
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Según la especie, la idea de Pagano sería protegerse ante la eventualidad de que se le exija desprenderse de parte de su paquete accionario. Por eso buscaría adelantarse y hacerlo desde una posición ventajosa.
Ni en el mercado energético ni en el mundillo político se tomaron demasiado en serio los rumores. Peor aún: los atribuyeron a una movida desesperada del empresario, ante la casi segura revisión de los contratos de concesión si es que se produce un cambio de Gobierno. “No veo a los chinos haciendo una operación en este momento político y económico”, se sinceró una fuente de la industria ante la consulta de INFOCIELO.
Incluso compararon esos rumores con las versiones que hablaban de una búsqueda de inversores chinos que se hicieran cargo de la mitad del paquete accionario de EDENOR, en abril de este año. Verdad o ficción, la venta no se llevó a cabo y la excusa oficial fue la volatilidad de la moneda nacional.
Hoy, esa variable parece más inestable que nunca. Pero tanto o más inestables aparece los horizontes político y judicial. No conviene perder de vista que DESA debe afrontar sanciones millonarias contra EDELAP por los cortes de junio, que Axel Kicillof admitió que podría revisar los contratos de concesión y que soplan vientos de cambio en el Poder Judicial.
En ese frente se mueven grandes intereses para las distribuidoras bonaerenses. En el fuero federal, se espera un fallo de cámara que determine si es legal o no el ajuste del precio de la electricidad mayorista, a la luz del criterio de razonabilidad que impuso la Corte Suprema de la Nación.Hasta ahora, el tarifazo bonaerense totaliza un 2.600 por ciento de aumento desde 2016 y la rentabilidad de las empresas se disparó 1.300 por ciento.
A nivel provincial, hay un litigio que pone contra las cuerdas las medidas implementadas por el gobierno de María Eugenia Vidal, que “limpió” las boletas de luz de tasas municipales, pero creó un cargo específico -el “ICT”-, para compensar los efectos de la devaluación en los costos de distribución.
La ONG CEPIS la presentó, en marzo de este año, en el fuero contencioso administrativo bonaerense, en busca de que la Provincia “se abstenga de trasladar a las y los usuarios del servicio público de electricidad de la provincia de Buenos Aires, el nuevo cuadro tarifario aprobado”, toda vez que, observa, carecen de “motivación suficiente”, incurren en “falta de razonabilidad” y, además incumplen el procedimiento constitucional de oír a la ciudadanía a una audiencia pública, lo que deriva en “falta de información pública y participación ciudadana”.
Se espera que el Estado Provincial conteste a esa demanda en el corto plazo. En plena efervescencia electoral y ante un escenario que luce adverso para el oficialismo. Son, en suma, una serie de buenas razones para que Pagano lance señales de humo.
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