La Suprema Corte bonaerense amplio la licencia del Fiscal General de Lomas, Enrique Ferrari, en una resolución que contó con la disidencia de Eduardo De Lázzari, en la que no escatimó críticas contra el accionar del Procurador, Julio Conte Grand. Le reprochó no sólo haber desobedecido a la Corte, sino desafiar sus recomendaciones, y lo acusó de llevar adelante “una suerte de gatopardismo, creando una comisión de notables con rimbombantes propósitos”, para no solucionar nada.
De Lazzari fundó su rechazo a la licencia no sólo en que permanece la situación planteada en la discusión original, a la que también se opuso, sino en el agravante de que, esta vez, se suma que “ha sido flagrantemente incumplido” por parte del Procurador, de lo que oportunamente estableció el máximo tribunal. En ese sentido, reclamó “la necesidad de realizar una investigación en serio”, sobre los graves hechos que se denuncian en Ministerio Público.
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Para entender el contexto de la resolución, hay que remitirse al enfrentamiento entre Conte Grand y el titular de la fiscalía General de Lomas, Enrique Ferrari, con acusaciones cruzadas de inocultable raíz política. El jefe de los fiscales le reprocha a Ferrari haber incurrido en ‘abuso de autoridad’ para aliviar la situación procesal de dirigentes vinculados con el actual oficialismo, y éste último de integrar una banda dedicada a perseguir a dirigentes políticos o sindicales críticos con la gestión de Cambiemos.
En ese marco, se acumularon en la Justicia denuncias cruzadas de todo tipo entre el propio Ferrari, Conte Grand y otros integrantes del Ministerio Público de ese distrito que respondían al Procurador. En Julio pasado, la Corte concedió una “licencia forzada” para Ferrari por 90 días, en una resolución que también tuvo el voto disidente de De Lazzari, y que estableció una serie de recomendaciones que debía seguir el Ministerio Público fiscal.
A días de cumplirse el plazo de 90 días, el próximo 20 de octubre, la Corte resolvió ampliar el descanso forzoso de Ferrari, por voto mayoritario. El dictamen más elocuente, no obstante, que expone al resto de los integrantes del tribunal, es el que firmó De Lázzari con fuertísimas críticas contra la determinación que tomaron sus pares.
En la resolución a la que accedió INFOCIELO, De Lázzari rechaza ampliar la licencia que oportunamente se había negado a conceder, al asegurar que “lo dispuesto por la Corte, ha sido flagrantemente incumplido” por la Procuración.
En ese sentido, recordó que en el voto mayoritario que otorgó la licencia en julio pasado, “luego de restar relación directa e inmediata a la multiplicidad de denuncias cruzadas” con las que había avalado su posición la vez anterior, el Tribunal dejó en claro “el contexto de gravedad que caracteriza el estado actual de cosas en la Fiscalía General de Lomas”, y resaltó “la preocupación institucional de la Corte” que –dijo el resolutorio de la mayoría- “amerita la adopción de medidas complementarias”.
Ahora, De Lázzari recuerda que, en ese marco, “se concedió el pedido” del Procurador Conte Grand, pero se lo instó “a realizar medidas que garanticen la efectividad de las investigaciones en las restantes esferas de responsabilidad comprometidas en el ejercicio de la actividad jurisdiccional”. En llano: que la concesión de la licencia que reclamó el Procurador, lejos de ser neutral, le imponía una serie de requisitos para reestablecer el orden, y garantizar ecuanimidad frente a un escenario de confrontación múltiple. Nada de eso hizo Conte Grand, según interpretó el integrante de la Corte.
En ese sentido, explica De Lázzari, se ordenó en la resolución del 20 de julio, que se realice “un monitoreo de las restantes actuaciones penales y disciplinarias en las que se investigue el desempeño de funcionarios de la fiscalía, y que se reporte un análisis de situación y avance” de las causas originadas por las denuncias cruzadas entre los integrantes del Ministerio Público fiscal.
El ministro de la corte le reprocha a Conte Grand haber hecho “oídos sordos”, a una de las principales indicaciones de la resolución original, “en tanto se dispuso que, para reestablecer el orden de la fiscalía, debía convocarse ‘a los funcionarios más calificados del Ministerio Público, incluyendo a aquellos que se desempeñan en otros departamentos judiciales”.
Para De Lázzari, la designación de Carlos Baccini, agente de esa misma repartición por parte del Procurador, entra “en abierta contradicción” de lo estipulado por la Corte, toda vez que -afirma- al tratarse de “un integrante del mismo departamento, quedó desvirtuado el criterio que primara en este Superior Tribunal, de procurar un equilibrio entre sectores enfrentados para lo cual se estimaba prudente que a la cabeza del organismo se designara a alguien calificado y ajeno al mismo”, que pudiera tomar distancia de la conflictividad interna.
Además, le reprochó a la Procuración, que “de las denuncias de irregularidades de causas, de las presiones que dicen haber recibido algunos magistrados”, el Procurador de la Corte bonaerense, no dijo “ni una palabra”.
Por el contrario, según relató en su voto de disidencia, “salvo dos IPP que fueron cerradas, la totalidad de las causas (restantes) carecen de avance alguno, a excepción de la denuncia que se efectuara contra el Procurador General por parte del Fiscal General Ferrari, la que recibió inmediata respuesta, su archivo, por parte del sub-procurador”.
De Lázzari se tomó un párrafo para criticar el cierre de la denuncia contra el jefe de los fiscales, al calificarlo como “un magro decisorio que no tiene fundamentación alguna”, además de “dogmático y arbitrario, y que descansa en la opinión de un subalterno” al denunciado.
“La Procuración no hizo nada de lo que debía hacer, solo poner en marcha una suerte de gatopardismo creando una comisión de notables con rimbombantes propósitos manteniendo la dirección de la fiscalía a cargo de uno de sus propios fiscales”, concluyo de Lázzari, para fundar su oposición a extender la licencia del forzoso descanso de Enrique Ferrari.
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