Hay una similitud entre dos figuras claves del Poder Judicial que comparten rótulo, y resquemores con el oficialismo. Se trata de Eduardo Casal y de Julio Conte Grand. Uno es el Procurador Interino que heredó el cargo tras la feroz embestida macrista contra Gils Carbó, y se aferró al sillón a fuerza de transformar el ministerio público en una escribanía de los caprichos de Cambiemos. El otro hizo lo mismo, pero de este lado de la General Paz. Hay, es cierto, una diferencia de origen. Al Procurador bonaerense lo envistió el Senado, como la Ley y la costumbre manda, con voto mayoritario incluso de la oposición de entonces. Pero desde su asunción, desplegó una conducción alineada con la gestión de María Eugenia Vidal, a quien reportaba antes de su desembarco en la Justicia, desde la estratégica secretaría legal y técnica de Gobernación.
En la previa del recambio bonaerense la continuidad de Conte Grand al frente del Ministerio Público no pagaba nada en las apuestas. Sobre su figura llovían reproches de todos lados. Nada extraño. La cosecha suele ser la consecuencia inevitable de lo que uno siembra. Durante la gestión de Cambiemos, la Procuración de la Corte se transformó en la usina de todo tipo de operaciones y embestidas contra cualquier crítico del oficialismo. La pertenencia política o la simpatía partidaria, sobre todo las afines al peronismo, se transformaron en causal de sospecha. A cualquier voz crítica del macrismo se la aplicó la presunción de culpabilidad.
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Si el funcionamiento del Poder Judicial durante la gestión de Vidal y con Julio Conte Grand digitando las investigaciones en un sistema, el acusatorio, donde la figura del fiscal es clave en la tramitación de las causas penales no explotó como un escándalo, fue, quizá, por el blindaje mediático del que gozó la antecesora de Kicillof. Las evidencias de que la Justicia se trasformó en un ministerio más del Gabinete de Vidal se acumularon de forma pasmosa.
Los dichos Eduardo de Lázzari desde la cima del Poder judicial bonaerense, sobre el accionar de la Justicia durante la gestión de Cambiemos, denunciando “causas armadas artificialmente, abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama deplorable” del Poder Judicial en la Provincia, puso sobre el tapete, con descarnada crudeza, la fórmula de administrar Justicia que aplicó Cambiemos. El ministro de la Corte habló, además, de “espías, traficantes de escuchas telefónicas”, y de “complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público” enquistados en el corazón del Poder Judicial. El modelo Comodoro Py, replicado en la geografía bonaerense. Algo de eso empieza a salir la la luz por esas horas.
Buena parte de esas quejas señalaban a Conte Grand. El Procurador se trasformó en el brazo ejecutor del sueño de ‘limpieza’ que pergeñó el macrismo, que no fue otra cosa que la instalación de un modelo de persecución a dirigentes opositores, a quienes apretaba en tribunales y exponía sin piedad al escarnio público. Un plan que les permitió, por contraste, resaltar su auto promocionada honestidad al frente de la Gestión Pública.
En la Justicia y en la política provincial, son demasiadas las voces que aseguran que durante la gestión de Cambiemos, hubo una verdadera asociación (i)lícita entre la Procuración de Conte Grand, los servicios de Inteligencia, y la Casa Rosada, con el objetivo de perseguir opositores dentro y fuera del Poder Judicial. Ahora se supo que la AFI macrista al mando de Gustavo Arribas, imputado por espionaje ilegal, adquirió más de un centenar de celulares que fueron encriptados por el organismo y repartidos entre funcionarios “amigos” que no tenían, al menos en los papeles, ningún vínculo orgánico u operativo con los espías, entre ellos el Procurador Conte Grand. Demasiada generosidad para que no haya contraprestación de parte.
Una muestra del compromiso con el que jugó la estrategia macrista el Procurador, fue la exposición que tuvo en el debate público de causas sensibles que apuntaban contra dirigentes opositores, como las que involucran al camionero Hugo Moyano y a su hijo Pablo, para quienes llegó a pedir, por televisión, que los fiscales “salgan del principio, que es la libertad, y pasen a la excepción, que es la privación de la libertad”. No puede un Procurador intervenir en la tramitación de una causa. Menos aún ordenar a sus fiscales medidas procesales que deben ser analizadas en un expediente que desconoce.
A la par, y también por televisión, el (por entonces) presidente Mauricio Macri, apuntaba contra el dirigente sindical a quien responsabilizaba por el costo del transporte, de las penurias de los empresarios y la escalada de precios. Demasiada coincidencia para tanta casualidad. Finalmente, el Juez Carzoglio, que dejó de serlo denunciado por el propio Conte Grand cuando tuvo la revolucionaria idea de seguir el código de procedimiento en lugar de los deseos del macrismo, lo dejó en claro cuando denunció un ‘apriete’ en su despacho de dos funcionarios de la AFI que, según relató, le transmitieron “el interés del presidente por la causa de los Moyano”.
De aquella avanzada contra los Moyano, perduran capítulos que se juegan hoy en el enfrentamiento entre el Procurador y el ‘licenciado’ Fiscal General de Lomas, Enrique Ferrari, en el que Conte Grand se alineó en la defensa del fiscal Sebastián Scalera, el señalado verdugo del clan del camionero.
El aporte del Jefe de los fiscales a Cambiemos no expiró con el recambio institucional. En la previa de la pandemia, pergeñó una jugada que explotó en las narices del oficialismo. A través de una resolución –que reveló después que estalló el escándalo INFOCIELO-, solicitó a los defensores oficiales que impulsen medidas de morigeración de penas, en simultáneo a la recomendación para que los fiscales no se opongan. La idea era evitar una crisis sanitaria que podría ocurrir en las cárceles con la propagación del Covid-19. Con la resolución de esos planteos, se reveló el plan: se transformó en un feroz crítico de las medidas que él mismo había impulsado, y transfirió el costo político que conlleva la ejecución de una decisión que no goza de respaldo popular, al oficialismo. A la luz pública, Axel Kicillof y un Juez tildado de “K” por la corporación mediática, el vicepresidente de Casación Penal, Víctor Violini, pagaron la factura de una recomendación que había surgido de la cabeza de la Procuración.
En algún reciente fallo, el Juez apuntado por Conte Grand por la situación en las cárceles, lo describió con una analogía histórica comparando su figura con la de Tomás de Torquemada, el más famoso y cruel de los inquisidores que se transformó en símbolo de la intolerancia, y sinónimo de despiadado.
“Me veo obligado a observar que el Señor Procurador Julio Conte Grand, que ahora parece erigirse como una suerte de héroe o líder mediático en medio de la pandemia decretada, ha sido, en los cuatro años pasados, el artífice de instrucciones que provocaron la proliferación de prisiones preventivas que colaboraron de modo sustancial con el hacinamiento imperante”, observó Violini en su resolución.
Contra cualquier pronóstico, no obstante, Conte Grand sortea la embestida y el paso del tiempo juega a su favor. Paradójicamente, los dos ministros de Kicillof más ligados al kirchnerismo, el espacio político que más sufrió la persecución del macrismo en la que el Procurador jugó un rol protagónico, los titulares de Justicia, Julio Alak, y de Seguridad, Sergio Berni, se han transformado en virtuales aliados al servicio de limpiar su accionar.
Hay otro escollo que debe sortear el oficialismo. A priori parece tratarse de una simple cuestión numérica. Matemática pura. Con mayoría opositora en el Senado, parecería complicado para el Frente de Todos reunir los votos necesarios para la destitución del Procurador. Es una explicación indulgente con la Gobernación. Las mayorías suelen abrirse a la negociación, y esta no parece ser la excepción. De hecho, no lo es.
En Juntos por el Cambio no hay unanimidad en la defensa de su continuidad. Algunos le reprochan que sobre el final de la gestión de Vidal jugó más para Lilita, que para el oficialismo pro-radical gobernante. No habría mayor inconveniente para negociar su salida. En las transacciones políticas palaciegas, negociar la propia siempre resulta más atractivo que prestarse a defender la ajena.
La imposibilidad de reunir número no parece justificarse tanto en la representación numérica de los honorables, sino en el perfil de relación que Kicillof le impuso a su vínculo con la oposición, particularmente en el Senado, a la que privó de cualquier casillero de gestión que la normativa y la costumbre política bonaerense le asigna al que no gobierna. Con ministros que coquetean en actos públicos junto a Conte Grand y la pésima relación en el vínculo entre los edificios separados por Plaza San Martín, en el centro platense, parece que no alcanza la soledad con la que Teresa García, la ministra de Gobierno, mantiene el reclamo de remover al Procurador bonaerense. En el escenario actual, su salida debió haber pagado mucho más en las apuestas previas al recambio. Parece que no era una fija.
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