“Este fallo es político y merece una respuesta política”. El bloque de senadores del Frente de Todos desvinculó la determinación de la Corte Suprema de cualquier fundamento técnico o constitucional y lo relacionó con las disputas de poder que mantiene la actual conformación del máximo tribunal de Justicia con el oficialismo.
La premisa de los legisladores es que la resolución nació abstracta y no tiene nulo margen de aplicación efectiva. Según sus fundamentos, el fallo contra el decreto parlamentario que se dividió el bloque oficialista para la designación de un representante ante el Consejo de la Magistratura tiene en rigor unos días de aplicación efectiva.
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“Es un fallo insólito, inaplicable y no tiene efecto práctico” fustigó la legisladora Anabel Fernández Sagasti. Es que la medida únicamente regiría para el periodo 2019-2022. Es decir, que el reemplazo del opositor Luis Juez por Martín Doñate (Unidad Ciudadana) sería por apenas diez días.
¿Qué motivos tendría la Corte Suprema para llevar a cabo esa jugada?
De acuerdo a la opinión de Fernández Sagasti respondería directamente a una represalia por el resultado de las elecciones en el Consejo de la Magistratura en el estamento de abogados: “Rosatti entendía que se iban a quedar con tres de las 4 bancas en el Consejo de la Magistratura y se quedaron con dos” disparó.
Incluso cuestionó su solvencia desde el plano legal: “la forma en la que se puede organizar en el Senado es una cuestión no judiciable que tiene rango constitucional en el artículo 66. Ni la presidenta de este Senado no puede oponerse a la libre asociación de los bloques del Senado” explicó.
En la misma dirección se expresó la senadora Juliana Di Tullio. “Parece más una nota de Clarín que de un fallo de un estamento del estado” dijo además de cuestionar “el vocabulario y los improperios a la presidenta del Senado”.
“La vicepresidenta no corta ni pincha en este tema y la tienen como autora intelectual de una trampa. Es absolutamente inapropiado” advirtió y consideró que la Corte “entró por la ventana de este palacio legislativo y se llevó nuestras atribuciones, nuestras facultades, derechos y obligaciones”.
Más allá de las opiniones de las legisladoras del Frente de Todos, varias voces del ámbito judicial coinciden en que es un fallo tardío y sin efectos prácticos relevantes. En ese caso, ¿Sólo se debería a la habitual tardanza del poder judicial en sus resoluciones? ¿La Corte buscó un efecto moral contra posibles ‘trampas’ de los legisladores? ¿ Se trató de generar un antecedente de para a los inminentes nombramientos que se avecinan? O todo lo contrario, a partir de su invalidez en lo práctico: ¿La Corte Suprema buscó dar un mensaje político en medio de los cuestionamientos a su independencia y las denuncias de lawfare lanzadas por CFK?
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