La Legislatura bonaerense sesionó este martes por duplicado con actividad en las Cámaras de Diputados y Senadores. En el menú, surgieron una serie de proyectos centrales para el oficialismo y la oposición a los que precedieron discusiones de larga data.
Entre los proyectos más significativos, se dieron las designaciones de los cargos opositores en organismos provinciales como el Bapro y la Defensoría del Pueblo. Como señaló Infocielo, la oposición tuvo una feroz disputa que hizo atrasar los nombramientos que les corresponden. El problema radicó específicamente en el PRO, que hasta perdió a su nexo con el Ejecutivo tras la salida de la mesa provincial del intendente de Lanús, Néstor Grindetti.
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Para el Banco Provincia, el radicalismo fijó el nombre de Carlos Fernández, actual presidente de la Convención Provincial de la UCR y hombre cercano al intendente de Tandil, Miguel Lunghi; a él se suma Bruno Screnci hombre de Horacio Rodríguez Larreta, propuesto por Diego Santilli.
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Mandatarios de Provincias Unidas criticaron la falta de diálogo, exigieron respuestas concretas y pidieron un reparto justo de fondos.
Por parte de los intendentes, el diputado mandato cumplido de Bahía Blanca, Santiago Nardelli, es la segunda apuesta del espacio amarillo. Y a último momento ingresó el pliego de Kicillof para reemplazar a Juliana Di Tullio: será la quilmeña Laura González, quien responde a Cristina Kirchner y Mayra Mendoza.
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Los cargos en la Defensoría del Pueblo, eje de las discusiones
En torno a la designación de cargos opositores en la Defensoría del Pueblo, es el centro de las rispideces y dilató el comienzo de las sesiones. Fuentes parlamentarias indicaron a Infocielo que la discusión se centraba en si “Juntos se lleva un adjunto más o no”.
El oficialismo, en tanto, busca sacar la designación de Ferderico Thea -mano derecha del gobernador Axel Kicillof- al frente del Tribunal de Cuentas.
El organismo encargado del control de las finanzas de cada comuna se encuentra acéfalo luego de la renuncia por jubilación de Eduardo Grinberg, quien estuvo al frente del organismo por más de tres décadas.
Para aceptar su designación, desde la oposición solicitaron una reforma para modificar el artículo 7 de la Ley 10.869, en donde se definen cuáles son las facultades que corresponden al presidente del Tribunal.
Entonces, como se trató de un cargo que históricamente correspondió a la oposición, esta avalaría la designación de Thea, pero empoderando a los vocales en la toma de decisiones. Básicamente, sacándole al Presidente del organismo la exclusividad en cuestiones clave como el sello de acuerdos, pedidos de informes o reparto de partidas presupuestarias.
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