El régimen “inocencia fiscal” impulsado por el Gobierno de Javier Milei ya no alcanza solamente a contribuyentes anónimos que buscan regularizar su situación en ARCA. En las últimas horas, la nómina de dirigentes libertarios que decidieron resguardarse a través de este mecanismo sumó nombres de peso y terminó configurando un cuadro tan llamativo como incómodo para una administración que llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios y las prácticas de la denominada “casta”.
Luego de conocerse que Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, solicitaron ingresar Régimen Simplificado de Ganancias incluido en la Ley 27.799, ahora trascendió que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el exdiputado José Luis Espert también también iniciaron el mismo trámite antel a Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La información fue revelada por el periodista Alejandro Bercovich, quien sostuvo que quieren adherir a este esquema lo hacen para regularizar situaciones patrimoniales previas. “Si están adheridos a este régimen es porque en algún momento tuvieron dinero que no registraron, dinero que ingresó a su patrimonio y que tenía origen no registrado”, planteó durante una entrevista televisiva.
Más allá de las interpretaciones políticas, el dato concreto es que el régimen elimina la obligación de justificar las variaciones patrimoniales ante el organismo recaudador. Quienes ingresan sólo deben presentar una declaración simplificada con ingresos, gastos deducibles y otros datos básicos para la liquidación del impuesto a las ganancias, dejando de lado explicaciones detalladas sobre la evolución de sus bienes.
La secuencia temporal tampoco pasó inadvertida. Primero fue Angeletti. Horas después apareció el nombre de Adorni, quien continúa demorando la presentación de su declaración jurada patrimonial mientras enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Más tarde se sumaron Sturzenegger y Espert. El resultado terminó conformando una suerte de “cartón lleno” dentro del oficialismo libertario.
De denunciantes a beneficiarios
Pero el caso que también vuelve a quedar bajo la lupa es el de José Luis Espert. El dirigente libertario es investigado por la Justicia federal de San Isidro en una causa por presunto lavado de dinero vinculada a su relación con Federico “Fred” Machado, quien admitió delitos de fraude y lavado ante la Justicia de Estados Unidos. El fiscal Fernando Domínguez analiza movimientos bancarios por cientos de millones de pesos y miles de dólares, además de operaciones inmobiliarias y adquisiciones de vehículos de alta gama.
La paradoja política es evidente. Fue el propio Espert quien, cuando todavía era diputado nacional, defendió públicamente el proyecto que más tarde se transformó en la Ley de Inocencia Fiscal. En aquel momento sostenía que el objetivo era “blindar al ciudadano de bien que ahorró y preservó su ahorro del descalabro de la casta política”. Hoy, es uno de los dirigentes que decidió acogerse al mismo mecanismo.
Los privilegios del sistema
La herramienta forma parte de la Ley 27.799, reglamentada mediante el Decreto 93/2026, e introdujo cambios profundos en el régimen tributario argentino. Entre ellos, elevó significativamente los montos mínimos para configurar delitos de evasión fiscal y redujo los plazos de fiscalización de ARCA. Además, contempla la posibilidad de que el organismo se abstenga de impulsar denuncias penales cuando el contribuyente regularice su situación dentro de los términos previstos.
En términos estrictamente legales, la adhesión al régimen no constituye un delito ni implica automáticamente la existencia de irregularidades. Sin embargo, el debate excede lo jurídico para instalarse de lleno en el terreno político. Después de construir buena parte de su identidad alrededor de la promesa de terminar con los privilegios, exigir transparencia y señalar a “la casta” como responsable de todos los males argentinos, varios de los principales referentes del oficialismo terminaron recurriendo a una herramienta que sus críticos describen como una amnistía tributaria permanente.
Mientras la Casa Rosada intenta relativizar el impacto del tema y el Mundial aparece en el horizonte como un potencial amortiguador de la agenda pública, la lista de funcionarios y exfuncionarios libertarios que optaron por la “inocencia fiscal” no deja de crecer. Y con cada nuevo nombre, también se multiplican las preguntas sobre los límites entre el discurso y la práctica dentro del gobierno que prometió ser distinto.
