José Luis Espert sumó otra complicación en el marco de la investigación que se le sigue por los 200 mil dólares que finalmente reconoció haber recibido de Fred Machado, el empresario narco que fue extraditado a los Estados Unidos. Tras el escándalo que puso fin a su carrera política, la justicia decidió congelarle todos sus bienes durante 90 días a raíz de inconsistencias en su declaración patrimonial.
Se trata de una decisión del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli quien ordenó la prohibición de innovar sobre la totalidad de los bienes muebles, inmuebles y activos financieros del excandidato de La Libertad Avanza.
El magistrado encontró incongruencias y omisiones en el patrimonio y hasta cree que pudo haber ocultado bienes o falseado el valor de sus propiedades.
Los bienes no podrán ser vendidos, transferidos, gravados ni modificados, con el objetivo de preservar el estado patrimonial existente y evitar maniobras que obstaculicen el eventual recupero de activos de origen ilícito, detalla la resolución.
Para la Justicia Espert hizo maniobras propicias para “la inyección de dinero de origen ilícito”
En uno de los párrafos más contundentes de la resolución, el juez Lino Mirabelli explicó: “se han recabado indicios que permiten sostener que el nombrado Espert y las demás personas mencionadas evidencian una serie de exteriorizaciones patrimoniales que no hallarían suficiente justificación en sus ingresos declarados”.
“Se contempla la existencia de numerosas tenencias no declaradas, declaradas tardíamente y/o subvaluadas, situación que resultaría propicia a los fines de la inyección de dinero de origen ilícito” advirtió.
El magistrado se centró en los elementos de prueba presentados por el fiscal Federico Domínguez y dos agentes judiciales especializados en finanzas.
Los profesionales refieren a la “existencia de una cuenta no registrada en el exterior en la cual habría recibido US$30.000 provenientes de Wellington Capital Markets Ltd” y también mencionan al hijo de la pareja del economista libertario, un joven de 23 años que habría actuado como testaferro y no podría justificar la tenencia de un automóvil de alta gama.
