El Gobierno nacional salió a buscar desacreditar con dureza a la comunicadora Marcela Feudale después de que cuestionara un posteo del vocero presidencial Adrián Ravier sobre la Cuestión Malvinas. La llamada “Oficina de Respuesta Oficial“, una cuenta que el Ejecutivo usa para responder escudándose en que lo hace cuando considera que se emiten “noticias falsas”, publicó un extenso mensaje que no discutió ni un solo argumento de Feudale: se limitó a bajarle el precio a ella como persona y como profesional.
Todo empezó cuando Ravier planteó que una Argentina “bananera” nunca podría recuperar las Malvinas y que solo un país ordenado tiene margen para negociar soberanía.
Feudale respondió que el verdadero “bananero” es quien cree como verdadero la independencia de los datos de pobreza de UNICEF que toma como fuente al INDEC, y que un vocero presidencial usando ese término para describir al país era, directamente, un insulto mayor.
La respuesta oficial
La cuenta oficial no salió a rebatirle el planteo sobre Malvinas ni a explicar los datos de pobreza que ella había puesto en discusión. Fue directo contra su figura: la bajó de “periodista” a “intento de periodista”, la redujo a su paso como locutora de Videomatch y le sumó el apodo sobre su altura. Ningún dato, ninguna réplica de fondo: la estrategia fue borrarla como interlocutora antes que discutir con ella.
Feudale ya había sido blanco de la misma cuenta por denunciar faltantes en el Hospital Garrahan y por cuestionar el traslado del sable de San Martín.
Cada vez que cualquier persona, en especial periodista, opina distinto de la línea oficial, la respuesta se repite, y el mecanismo fascista es descalificarla como individuo en lugar de discutir sus argumentos, tanto a ella como en este caso, como también a quien se atreva a rebatir sus ideas. Una dinámica de manual de gobiernos autócratas.
Cuando el Estado elige el escrache
Ahí es donde el episodio deja de ser una anécdota de Twitter y empieza a ser un problema serio. Esta cuenta oficial, sostenida con estructura y sueldos del Estado, no fue creada (como argumenta) para desmentir estadísticas o datos falaces, sino que está siendo usada para señalar y humillar públicamente a quien piensa distinto.
Eso no es informar, es disciplinar. Es la misma lógica que usaron los regímenes autoritarios del siglo pasado, que necesitaban marcar públicamente a quien se salía de la línea oficial para que sirviera de advertencia al resto.
No hace falta un uniforme ni una consigna gritada en la calle para reconocer el mecanismo, porque alcanza con una cuenta verificada, el sello de una oficina de gobierno y la decisión de convertir una opinión incómoda para su relato, en un objetivo a destruir.
Un Gobierno democrático puede discutir, puede desmentir con datos, puede disentir con dureza. Lo que no puede hacer es usar la estructura del Estado (pagada por todos, incluida la propia Feudale) para estigmatizar a un ciudadano por opinar distinto. Esa frontera, cada vez que la Oficina de Respuesta Oficial abre un nuevo frente, se vuelve más difícil de distinguir.
