En la sesión especial del próximo martes, la Cámara de Diputados debatirá el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas. Si bien el proyecto obtuvo dictamen hacen un mes, la decisión de Máximo Kirchner de solicitar el jueves por la noche su tratamiento sorprendió a legisladores propios y de la oposición. La trastienda de la agenda parlamentaria, la batalla “de sentido” que quiere dar el Gobierno y la incorporación que hizo Sergio Massa.
“La decisión de enviar el proyecto la tomó el presidente”, sostienen desde Casa Rosada, al tiempo que advierten: “Quieren instalar que Máximo se cortó solo, cuando se dialogó con todos los sectores del Frente de Todos y se tomó la determinación hace por lo menos veinte días. Es el inicio de la campaña mediática y política con la que van a salir a cajonear el proyecto”.
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El anuncio del envío del proyecto coincidió con una campaña callejera del Frente Patria Grande de Juan Grabois. La consigna fue muy clara: “Ni los pobres, ni la clase media. Que la pongan las grandes fortunas”. Itai Hagman, diputado del Frente de todos, se sumó al reclamo y denunció: “Confiamos en la voluntad de la presidencia del bloque para que se vote, pero también sabemos que hay presiones para que no salga”.
Las presiones para impedir el tratamiento del proyecto fueron más externas que propias. “Trabajamos todos para aceitar posiciones y llegar al debate del proyecto con la base más sólida que pudimos construir. Sabíamos desde el inicio que iba a ser cuestionado por el establishment, por eso se habló no sólo puertas adentro, sino que se vienen tendiendo puentes con gobernadores y empresarios desde hace tiempo”.
El poroteo en la Cámara Baja estuvo a cargo de Máximo Kirchner, Carlos Heller y Sergio Massa; quienes lograron sumar los diez votos iniciales que faltaban para obtener el quórum y llegan a la sesión con un margen de apoyo holgado. Mientras tanto, el presidente de la Cámara también trabajó en la búsqueda de consensos para la reforma tributaria que, de acuerdo a los cálculos oficiales, podría llegar a tratarse días después del aporte extraordinario.
“Tenemos la oportunidad histórica de hacer un cambio real en materia tributaria en el país”, destacan desde el Frente Renovador, al tiempo que desestiman que Massa haya “cajoneado” el tratamiento del proyecto: “Es absurdo decir eso, cuando fue uno de los que más trabajó para tender puentes incluso con los empresarios”.
En efecto, a finales de octubre el presidente de la Cámara dio un paso más y pidió sumar a políticos y funcionarios judiciales al impuesto a las grandes fortunas. Busca gravar con un dos por ciento del impuesto a funcionarios jerárquicos, incluso aquellos que no lleguen al mínimo imponible de 200 millones de pesos. El cálculo del Frente Renovador es el siguiente: se sumarían 15 mil funcionarios al listado de aportantes y se aplacarían las aguas en torno al demandado “gesto de la política”, uno de los cuestionamientos de los detractores del proyecto.
“Si hay alguien que sabe cómo hablarle a la clase media es Massa, de eso no hay dudas”, reconocen desde el ala más cristinista de la coalición. “El impacto en términos recaudatorios no es tan fuerte, pero tiene un componente simbólico importante. Es anticiparse al ataque, estar dos jugadas adelante en la que sabemos será una batalla mediática muy desigual”.
El envío del proyecto también coincidió con los anuncios realizados por Martín Guzmán, quien dio por suspendido el pago del cuarto IFE y de los subsidios vinculados a la administración de la pandemia. “Los medios hablan de ajuste, cuando en simultáneo ampliamos el universo de la AUH y los jubilados le ganaron este año a la inflación. No tiene ni pies, ni cabeza decir que estamos ajustando”, se despegan desde Casa Rosada.
Sin embargo, por lo bajo reconocen que el tratamiento del proyecto expondrá “los intereses reales de quienes se oponen al aporte” y hacen base en el apoyo social convalidado por las encuestas: sus números advierten una aprobación mínima del 40 por ciento de la población y un techo del 60 por ciento.
Al temor del Frente de Todos por la posible avanzada mediática contra el proyecto se le sumó en las últimas semanas la posibilidad concreta de la judicialización post sanción. Desde el Gobierno ya se anticipan a un escenario de amparos y, si bien minimizan la viabilidad de los mismos, reconocen que podría demorar la recaudación de una partida clave para el 2021.
En concreto, el presupuesto para el año que viene no contempla gastos vinculados a la pandemia; mientras que el proyecto establece que los 307 mil millones de pesos de recaudación deberán ser utilizados en un 20 por ciento para la compra de vacunas, equipamiento médico e insumos. Otro 20 por ciento será para beneficiar a las Pymes con subsidios, 20 por ciento también para el programa de becas Progresar y un 25 por ciento para “fomentar la producción y distribución de gas nacional”. El 15 por ciento restante se utilizará para la urbanización de los barrios populares.
El debate del proyecto coincide –y no fue una decisión ingenua- con el Día de la Militancia, que conmemora el regreso de Juan Domingo Perón al país. La postal deseada por parte de la coalición incluye una fuerte movilización en las cercanías del Congreso como muestra de apoyo. “Quedará demostrado quién vela por los intereses de la sociedad y quién se opone para defender al 0,02 por ciento más rico del país”.
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