La presión del grupo de intendentes y algunas ONG que rechazaban el nuevo aumento en las tarifas de luz para la provincia de Buenos Aires, dio frutos y avanza en el Juzgado Federal Nº 4 de La Plata.
El juez Alberto Osvaldo Recondo, aceptó tramitar la acción de amparo colectivo que habían impulsado los mandatarios bonaerenses, junto al Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.
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Además, desde ahora cualquier otra causa que se presente relacionado al tema a nivel federal, pasará por el tribunal de Recondo.
Ahora, resta esperar a la decisión de la justicia, que desde hace un tiempo considerable no falla en contra del gobierno de María Eugenia Vidal en relación a los tarifazos.
Sobre este punto, los jefes comunales del peronismo se basaron en aumentos “irrazonables” e inoportunos, teniendo en cuenta la grave situación económica que muchos comercios, Pymes y familias sobrellevan en la provincia.
Sin embargo, la justicia consideró que el pedido de los mandatarios no tenía “legitimación”, aunque sí aceptó el reclamo de los organismos.
En 2017, la Corte Suprema de Justicia había fallado para que los nuevos aumentos se apliquen “proporcionalmente”. Sin embargo, desde que Mauricio Macri asumió al poder, la electricidad lleva un 3.600 por ciento de incremento desde 2015, y los servicios públicos insumen la cuarta parte del salario.
El viernes 1 de febrero, un grupo de intendentes puso la firma al amparo elaborado por el CEPIS. Entre ellos estuvieron Fernando Gray (Esteban Echeverría), Verónica Magario (La Matanza), Gabriel Katopodis (San Martín), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Juan Zabaleta (Hurlingham), Gustavo Arrieta (Cañuelas), Mariano Cascallares (Almirante Brown) y Andrés Watson (Florencio Varela). Además, el titular de la Defensoría del Pueblo, Guido Lorenzino, acompañó la iniciativa.
Ahora, luego del dictamen que efectuó el fiscal Ferrara, el magistrado Recondo dio luz verde para que el nuevo aumento tenga que ser evaluado, con la posibilidad de que se pueda avanzar a su suspensión luego de que considerara que existe proceso colectivo y la mandara a inscribir en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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