Las pruebas contundentes acerca de que los agroquímicos en sangre enferman a las personas y hasta pueden generar daños genéticos, determinó que la justicia federal avance en medidas drásticas para sancionar el mal (y excesivo) uso de las fumigaciones en Pergamino.
Al hecho de que el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo procesara a siete productores rurales del Partido de Pergamino, se le suma ahora el procesamiento formal de dos ex funcionarios del gobierno municipal de Javier Martínez (Juntos por el Cambio).
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Se trata de Mario Tocalini y Guillermo Naranjo, jefe y subjefe del área encargada de controlar las pulverizaciones en la localidad del norte bonaerense, donde el año pasado un fallo del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás puso límites al descontrolado accionar de algunos productores rurales.
Los dos ex funcionarios –quienes fueron apartados por Martínez una vez que la justicia los había imputado en la causa- están acusados del delito de incumplimiento del deber del funcionario público y además fueron embargados por 3 millones de pesos cada uno.
Para la justicia, la “inactividad” de quienes en su momento estaban como responsables de que los productores cumplan con todas las normas y los protocolos de seguridad en las emisiones de agroquímicos, determinó que se fumigue mucho más y sin ningún tipo de control.
Tocalini (Izquierda) y Naranjo (Derecha) junto al exSecretario de Producción, José Apesteguia (medio).
El mal desempeño de los dos funcionarios es todavía más grave si se tiene en cuenta que según la justicia, “dejaron hacer” desde 2015 en adelante, hasta que un fallo judicial puso freno a las pulverizaciones en el partido.
Según el relato de varios vecinos y vecinas de los barrios aledaños a los campos fumigados, mientras los dos funcionarios procesados estuvieron al frente de la Secretaría de Producción, las denuncias al teléfono asignado 147 tuvieron muy poca respuesta y en algunas oportunidades, ni siquiera contestaban.
Otro detalle que deja a la vista un evidente mal desempeño de los ex funcionarios es que durante los allanamientos que se realizaron a la municipalidad de Pergamino, no se pudo constatar con registros ni documentación que diera cuenta de que el área fiscalizaba las fumigaciones.
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