Las imposiciones del Fondo Monetario Internacional hacia el gobierno de Mauricio Macri, son imaginables pero pocas veces conocidas en su profundidad.
Además de las famosas “metas” fiscales que el organismo le exige cumplir al Estado argentino –y el cual representa un brutal ajuste para la sociedad-, el FMI está más que interesado en una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que en líneas generales, busca terminar de condicionar a la economía del país.
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Sus puntos claves se basan en el hecho de que, con la nueva Carta que el Ejecutivo envió a fines de marzo al Congreso, el BCRA tendrá cada vez más independencia del gobierno de turno, lo que visto de otra forma no significa más que un mayor condicionamiento de la banca internacional.
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Junto a la intendenta, Mayra Mendoza, dejó inaugurada el nuevo edificio que podrá albergar hasta 312 detenidos. “Estas obras permiten que los policías estén en las calles y no asignados a cuidar a detenidos en comisarías” sostuvo.
Además, establece la prioridad del organismo en pos “de preservar la estabilidad de los precios” y prohíbe que la entidad monetaria financie al Tesoro nacional.
Por su parte, desde el gremio de La Bancaria, enumeraron que esa posible reforma, reemplazará su tradicional función de generar “empleo y el desarrollo económico”, para actuar “ a la par de los fondos de inversión” y bancos trasnacionales.
A su vez, el proyecto de la nueva Carta Orgánica del BCRA habilita la designación de extranjeros para integrar su Directorio, “abriendo la puerta a una imposición del propio Fondo o los acreedores externos”.
Entre otros varios puntos, el comunicado que sacó el gremio bancario detalló que la nueva Carta también “anula el Régimen Penal Cambiario, neutralizando la prevención de la fuga de capitales y lavado de dinero”.
En definitiva, “elimina la posibilidad de un control real de su gestión por vía del Síndico y de la Auditoría General de la Nación, agravando, por carencia legislativa, las consecuencias del desconocimiento de la jurisdicción del Congreso sobre el Banco”.
“De esta manera se agrava un problema que siempre advertimos: sin una ley marco que ordene adecuadamente los servicios financieros como el servicio público que deben ser, el BCRA queda limitado en su capacidad de actuar como ente rector y de contralor del Sistema Financiero”, manifestaron desde la Bancaria.
LA CONTRAPROPUESTA
Frente a este panorama, que auspicia con mayor condicionamiento del FMI y por ende, de un mayor ajuste y crisis social, un sector amplio de la oposición, economistas y gremios como La Bancaria salieron a proponer una “nueva ley de Servicios Financieros”, que “enmarque el accionar del Banco Central y de todos los actores de la actividad financiera en función de la actividad productiva, del desarrollo con empleo y justicia social, de las necesidades de las familias”.
“Una nueva Carta Orgánica del BCRA que garantice el control permanente, plural, del Congreso Nacional en cuya jurisdicción se encuentra. Un Directorio idóneo y representativo. Una Superintendencia de control que cubra toda la actividad financiera, otra que garantice los derechos de los usuarios de este servicio público pues crear moneda –medio de pago y reserva de valor– es una función indelegable del Estado que hace demasiado que no se cumple adecuadamente. Un Banco Central que realmente sea el Banco Federal que establece en su art. 75 la Constitución Nacional, proteja al ahorro de los argentinos y oriente el crédito en función del desarrollo y el empleo”, ampliaron desde el gremio bancario.
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