El 5 de marzo de 1956 quedó registrado como el día de una de las decisiones más increíbles y controvertidas de la historia argentina. Hace hoy 7 décadas, el gobierno militar surgido tras el sangriento derrocamiento de Juan Domingo Perón sancionó el decreto-ley 4161, una norma que prohibía mencionar públicamente el nombre del ex presidente, el de Eva Perón y cualquier símbolo asociado al peronismo.
La medida fue impulsada por el régimen militar instaurado tras el golpe de Estado de 1955, conocido como la Revolución Libertadora, por el modo que se autoproclamaba.
Su objetivo era eliminar toda referencia política, simbólica y cultural vinculada al movimiento que había gobernado el país durante una década. “Borrar del mapa” cualquier palabra o referencia al gobierno democrático preexistente.
Cuando nombrar era delito
El decreto 4161 establecía prohibiciones muy precisas. Quedaba vetado mencionar en actos públicos, publicaciones, radio o cualquier medio de difusión el nombre de Perón o de Evita.
También se prohibía exhibir retratos, consignas, canciones, banderas o símbolos vinculados al movimiento peronista.
Entre los elementos alcanzados por la prohibición se encontraba incluso la Marcha Peronista, una de las expresiones culturales más reconocibles del movimiento. El decreto señalaba que esos elementos representaban lo que consideraba “la propaganda del gobierno depuesto”.
El texto justificaba la decisión afirmando que dichos símbolos recordaban “una época de escarnio y de dolor para la Nación”. En consecuencia, su utilización quedaba castigada con penas de prisión, multas y sanciones administrativas.
La norma iba más allá de la simple censura política. Regulaba palabras, imágenes e incluso gestos asociados al peronismo. En la práctica, significaba que millones de ciudadanos no podían expresar públicamente su identidad política.
La proscripción del peronismo
El decreto formó parte de un proceso más amplio de proscripción del peronismo. Tras el golpe de 1955, el movimiento fue excluido del sistema político y electoral durante años (18 para ser exactos). Muchos de sus dirigentes fueron perseguidos, encarcelados o debieron exiliarse.
En ese clima político también se expresaron distintos medios de comunicación. El diario La Prensa, por ejemplo, publicó un editorial titulado “Los símbolos de la dictadura”, en el que defendía la eliminación de la iconografía peronista del espacio público.
En ese texto se argumentaba que esos emblemas debían desaparecer porque evocaban un período considerado autoritario. Según el editorial, su presencia constituía “una afrenta que es imprescindible borrar” para restaurar la normalidad política.
Sin embargo, con el paso del tiempo el decreto-ley 4161 terminó convirtiéndose en uno de los ejemplos más citados de censura política en la historia argentina. Lejos de eliminar al peronismo, la prohibición contribuyó a reforzar su identidad entre sus seguidores.
Durante los años de la proscripción del peronismo, muchos simpatizantes evitaban nombrar directamente a Juan Domingo Perón y Eva Perón para no exponerse a sanciones.
En conversaciones privadas o en ámbitos sindicales comenzaron a utilizarse formas indirectas o apodos que funcionaban como códigos compartidos. A Perón solían mencionarlo como “El General”, “El Viejo”, “El Líder”, “El conductor” o incluso “el que está afuera”, en alusión a su exilio.
En el caso de Evita, se recurría a expresiones como “La Señora”, “La Jefa Espiritual”, “La Abanderada” o simplemente “Ella”, términos que permitían identificarla sin mencionarla de manera explícita.
Setenta años después, el episodio suele recordarse como una aberración jurídica que intentó regular la memoria política de una parte importante de la sociedad. También como una prueba de que las identidades políticas difícilmente desaparecen por decreto.
