Uno de los reclamos que tomó más fuerza entre los feminismos en los últimos años tiene que ver con el rol de la Justicia y sus decisiones, que impactan de lleno en las vidas de infancias, mujeres y diversidades. Junto con las demandas por mermar los índices de femicidio y de violencia por razones de género, la reforma judicial feminista es una de las demandas más poderosas de este 8 de marzo.
El reclamo comenzó a tomar mucha más fuerza desde el femicidio de Micaela García en Entre Ríos, que luego derivó en la Ley que lleva su nombre en homenaje y que garantiza la formación obligatoria en materia de género para todos los miembros de los tres poderes del Estado. Esto, por supuesto, no es suficiente, por lo que las organizaciones feministas insisten en una reforma estructural del sistema.
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Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analiza una serie de puntos por los que se concluye la necesidad de una reforma en el Poder Judicial en clave de género. Uno de los primeros puntos es el que señala la desigualdad en el acceso a cargos jerárquicos, algo que ocurre también en la Provincia de Buenos Aires, por lo que se presentó un proyecto de ley para avanzar en su paridad, aunque aújn duerme en los cajones de la Legislatura.
Los datos de la Corte Suprema de Justicia señalan que el año 2021 el total del plantel del Poder Judicial estuvo compuesto por 126.036 personas, de las cuales el 57% eran mujeres. Sin embargo, ellas conformaron sólo el 31% de las máximas autoridades en los cargos de ministras, procuradoras Generales y defensoras Generales. Esto se debe al orden cultural conocido como “techo de cristal”, por el que las mujeres y diversidades no cuentan con las mismas oportunidades para acceder a cursos de especialización que les permitan acceder a los cargos más altos.
En otro punto, el CEPA señala que a través del Monitoreo sobre la implementación de la Ley Micaela en los Poderes Judiciales, en algunas provincias se observa una “demora significativa” entre la adhesión a la Ley Micaela a nivel provincial y el inicio de las capacitaciones en los Poderes Judiciales. “El retardo injustificado de la implementación perpetúa la composición de tribunales sin perspectiva de género y repercute negativamente en la vida de las mujeres y las diversidades”, evaluaron.
No se escapa de este análisis el caso de funcionarios del Poder Judicial que fueron denunciados por casos de violencia de género, y según el relevamiento del Observatorio Lucía Pérez, actualmente son 85 los varones alcanzados por este tipo de denuncias.
Una evidencia, los fallos sin “lentes violetas”
El informe del CEPA recopila una serie de fallos que vulneran los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, de las mujeres y diversidades. Uno de ellos es una sentencia aplicada en la Provincia de Buenos Aires en 2021, cuando el juez Alfredo Eugenio López titular del Juzgado Federal N°4 de Mar del Plata ordenó al Estado Nacional que se abstenga de aplicar la Ley 27.610, por considerar que la ley viola la protección integral de la vida desde la concepción. El amparo fue presentado por Héctor Seri y pedía como medida cautelar suspender la aplicación del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”.
Otro caso son los fallos que dan espacio a la “impunidad patriarcal” frente a la violencia de género, que también cuenta con un ejemplo bonaerense. Se trata de un caso de 2017 cuando una mujer denunció a su ex pareja, el ex integrante del Ejército Matías Acevedo, por violación.
Semanas después, con 18 años y embarazada producto de dicha violación, la joven murió por “embarazo ectópico”. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Mar del Plata condenó al acusado a la pena de quince años de prisión por haberla violado, pero no lo considera un femicida, a pesar de los reclamos de su familia ya que dicho embarazo fue producto de la violación. “En todo momento las instituciones buscaron justificar y culpabilizar a la víctima sobre lo sucedido a la vez que no activaron la apertura de ninguna investigación”, señaló el informe.
“Si la justicia llega tarde no es justicia. La demora judicial es una preocupación para toda la ciudadanía, en especial para aquellos colectivos de la sociedad que sufren mayores desigualdades, pero también es una deuda pendiente del sistema de justicia frente a los/as justiciables”, evaluaron en el informe.
Por otro lado, también hay fallos testigo que dan cuenta de la criminalización de las mujeres y diversidades. Por ejemplo, el juzgado de Garantía Nº6 de San Martín procesó por homicidio a Higui, por haberse defendido de un grupo de hombres que intentó violarla para “sacarle lo lesbiana”.
En su intento de defenderse de la violación grupal hirió de muerte a uno de los agresores. Higui estuvo varios días en un calabozo sin saber de qué se la acusaba, conmocionada por los golpes y sin atención médica. Estuvo en prisión preventiva 8 meses. Recién en 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Martín el 17 de marzo de 2022, absolvió a Higui del delito de homicidio por considerar que obró en legítima defensa frente a una “violación correctiva” de la que estaba siendo víctima”.
“Existen consecuencias directas, originadas en la falta de formación en género de funcionarios/as judiciales a la hora de tomar decisiones, sobre los derechos de mujeres, niñeces, adolescencias y diversidades. Cada vez que el sistema de justicia llega tarde, no solo incurre en una violación de las normas de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional en nuestro país, sino que además se constituye como reproductor de la violencia institucional y de las desigualdades de género“, cierra el informe.
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