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El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak rechazó este jueves enviar la causa conocida como la Mesa Judicial bonaerense a los juzgados de Comodoro Py, y ratificó su competencia en la misma.

El pedido para que decline su competencia y envie la causa a los tribunales federales de la capital había sido formulada por el defensor del ex subsecretario de Justicia del gobierno de María Eugenia Vidal, Adrián Grassi, uno los involucrados en la famosa reunión entre políticos, espías y empresarios en la que planearon el armado de una causa judicial contra el gremialista de la Uocra platenese, Juan Pablo Medina.

A la defensa del ex funcionario bonaerense se le sumó el pedido del resto de los abogados patrocinantes, como el del intendente de La Plata, Julio Garro, y el senador provincial de Juntos por el Cambio, Juan Pablo Allan, partícipes de la reunión de junio de 2017, y quienes también solicitaron la nulidad del video en el que quedó grabada la reunión, como parte de la prueba incorporada al expediente.

El juez Ernesto Kreplak hizo caso omiso y resolvió denegar también ese pedido, por lo cual el videogate aún configura como parte probatoria.

Para el magistrado, si bien “entre los funcionarios que participaron de los hechos imputados haya algunos que se desempeñaban como funcionarios públicos nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, no es la sede de sus oficinas lo que define la competencia, sino el lugar de comisión de los hechos investigados”.

De esa forma, Ernesto Kreplak argumentó su rechazo a trasladar la caus aa Comodoro Py, a la vez que añadió que “en todo caso, la participación de funcionarios del Gobierno nacional en ejercicio de esas funciones es lo que justifica la intervención del fuero federal, mas no la remisión a los juzgados de la Capital”.

Además, señaló que el hecho de que la reunión hubiera sido en la Ciudad de Buenos Aires tampoco es elemento suficiente para que la causa pase a esa jurisdicción. “Las reuniones apuntadas por el incidentista, incluso cuando forman parte del objeto de proceso, e incluso cuando pudieran tener alguna relevancia desde la perspectiva de la subsunción jurídica del caso, no agotan en sí mismas las conductas cuya tipicidad penal se investiga en autos”, arguyó Ernesto Kreplak.

Y agregó: “Por el contrario, algunas de esas reuniones revestirían el carácter de actos preparatorios de cuanto se desplegaría más adelante o, a lo sumo, una manifestación entre otras de un obrar ilícito complejo y extendido en el tiempo a partir de una serie de elementos que lo integran”.

“Se advierte sin dificultad que la totalidad de las conductas relevantes a los fines indicados precedentemente tuvieron lugar en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Y casi todas, en el ámbito de la jurisdicción de este tribunal, específicamente en los municipios de La Plata y Ensenada”, cerró.

Respecto del pedido de nulidad del video como prueba, Kreplak argumentó que no puede prosperar el criterio de “exclusión probatoria” porque “como se encuentra claramente establecido, la finalidad de la grabación de la reunión del 15/6/17 no fue la de fundar una investigación judicial, ni siquiera una exorbitada intención en ese sentido por agentes del orden obrando sin orden judicial”.

“Como correctamente han indicado las partes querellantes, ignoramos específicamente a qué fines respondió esa registración pero evidentemente no a los de servir como prueba de una denuncia que impulsara actuaciones judiciales”, expresó.