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Personal del distrito centro de la ciudad de La Plata, en forma conjunta con la comisaría 5ª de esa localidad provincial, logró detener a seis personas durante quince allanamientos practicados por robo, corte, desguace y posterior venta de automotores esta mañana.

Según pudo conocer INFOCIELO de fuentes policiales, los detenidos desarmaban los vehículos por encargue, vendían las autopartes requeridas por los “clientes” y desechaban luego en una cantera lindante el resto del vehículo que no era negociado por los responsables del desarmadero ubicado en 122 entre 611 y 612.

El personal policial, recontó hasta el momento un total de 50 autos cortados, de los cuales 20 tenían pedido de secuestro por robo, al menos 10 motos robadas, y un gran número de elementos pertenecientes a vehículos desguazados. Los detenidos así como lo incautado fueron puestos a disposición del Juez Superville. Interviene en el hecho, la fiscalia de la Dra. Rivero.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sostuvo hoy que el gobierno nacional es “respetuoso y acompañante” de las decisiones que adopta el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli.

“La provincia sabe lo que tiene que hacer y nosotros somos respetuosos y acompañantes de su decisión como lo hemos sido siempre”, afirmó Fernández en diálogo con radio Diez.

El funcionario nacional señaló que “en los casos de las acciones que está llevando a la practica el gobernador, nosotros por supuesto que acompañamos” y agregó: “por qué toma esas decisiones, no se las voy a preguntar. Es excluyente de su persona, de su condición de gobernante, del principal estado argentino y uno tiene que respetarlo”.

Fernández criticó además al diario Clarín, quien en su edición de ayer publicó una nota con declaraciones del jefe de Gabinete, con el título “La provincia no es problema nuestro”.

“Parece que lo que digo, lo utilizan exactamente al revés, como que uno se saca de encima a la provincia y no es así. Cuando el monopolio quiere ser agresivo, lo logra dando vuelta la palabra y exhibiendo una expresión antojadiza que no tiene nada que ver con lo que dije”, señaló.

El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Eduardo Taiano fueron designados para investigar una denuncia sobre una presunta amenaza contra la presidenta Cristina Fernández, ocurrida el último viernes durante un trayecto en helicóptero desde la quinta presidencial de Olivos hasta la Casa Rosada.

La denuncia, por “delito de acción pública”, fue presentada por el procurador general de la Nación, Esteban Righi, esta mañana ante la Cámara Federal porteña.

Fuentes judiciales indicaron que Righi anunció la entrega de las desgrabaciones de supuestas interferencias en el circuito de comunicaciones del helicóptero, con frases del tipo “maten a la yegua” o “maten al pescado”.

Las presuntas amenazas a la seguridad de la Presidenta habrían ocurrido, según la denuncia, el viernes pasado e incluirían el sonido de una marcha militar.

Las interferencias, entre cinco y seis, se habrían producido en todo el trayecto del helicóptero sobre la margen del Río de La Plata, e incluso en proximidades del helipuerto situado detrás de la Casa de Gobierno.

A través de un comunicado oficial de la CC, se dio a conocer que los bloques opositores solicitaron “se convoque” a los integrantes del Senado de la provincia de Buenos Aries para realizar sesiones extraordinarias los días 16 y 17 del corriente mes.

En una nota dirigida al Presidente de la Honorable Cámara de Senadores, Dr. Alberto Balestrini, los senadores de los bloques de la UCR, GEN, Coalición Cívica y Unión PRO, le solicitaron que se convoque a ese cuerpo para sesionar los días 16 y 17 de diciembre, de acuerdo a las atribuciones conferidas por el art. 86 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, y el art. 118 del Reglamento Interno de ese Cuerpo.

En los fundamentos, se hace referencia a la “imperiosa necesidad de tratar diversos temas de suma importancia y significación” y se detalla que entre ellos se encuentra, “el marco regulatorio de los desarmaderos de la Provincia”, un proyecto presentado y aprobado en la Cámara baja por el propio oficialismo, con la firma de los presidentes de las bancadas de diputados y senadores del FpV/PJ, Raúl Pérez y Osvaldo Goicoechea, respectivamente.

Un nuevo caso de violencia donde un adolescente fue golpeado por un empleado de seguridad del local nocturno “Chavela” que funciona en 50 entre 5 y 6 de la capital provincial, revela la falta de control de la actividad y de los trabajadores nocturnos por parte de control urbano.

Mientras los funcionarios municipales salen a pedir que sean los padres quienes averigüen si los boliches están habilitados para fiestas y quiénes trabajan allí, se ‘lavan’ las manos de una responsabilidad que fundamentalmente le corresponde al Municipio.

Existe desde mediados de este año y a través de un proyecto generado por la concejal de la CC, Susana Sánchez, una Oficina de la Nocturnidad donde debería llevarse un registro de los trabajadores de seguridad que cumplen labores en los boliches de la ciudad así como también recepcionar las denuncias de este tipo de hechos y tomar medidas al respecto.

La Oficina según la información oficial funciona dentro de la Subsecretaría de Control Urbano y está conformada por cuatro representantes de la Cámara de Discotecas – Juan Carlos Nicoletti, Roberto Costa, Marcelo Cricco y Mario Pistilli -, tres miembros de la Cámara de bares- Omar Seoane, Federico Ortiz y Emiliano Cubisino-, un representante del SUTCAPRA – Miguel Angel Silva- un representante del INADI – Analía Severo- y dos miembros de Control Urbano: el subsecretario Ignacio Martínez y Natalia Cepeda.

Al parecer desde el organismo de contralor que conduce Martínez poco se ha tenido en cuenta las funciones de esta oficina y menos aún cumplir con la tarea para cual fue implementada. Mientras tanto, otro joven es víctima de la violencia y nadie parece hacer nada.

V.A

Pese a las objeciones públicas de diversos actores de la vida universitaria, social y política de nuestra ciudad a la posible modificación del Código de Planeamiento Urbano, el Intendente Pablo Bruera avanza con la idea de aprobar el proyecto antes de fin de año y por ello, ya ordenó a sus ediles que la ordenanza vea la luz antes del 30 de diciembre.

De hecho será ingresado por artículo 14 el próximo miércoles, la iniciativa que prevé el crecimiento en altura de los edificios en el casco y adyacencias de la capital provincial como así también un ‘loteo social’ por el cual se sub dividen las parcelas autorizas por ley provincial y además no se exige a las empresas de servicios ningún tipo de plan maestro de obras que puedan llegar a contener el crecimiento poblacional.

Ahora los pasos a seguir tienen que ver con un decreto elaborado por el Presidente del Cuerpo, Javier Pacharotti, quien conformará cuatro comisiones, entre ellas, por supuesto la de Planeamiento, a las cuales se suman la de Legislación, Transporte y Hacienda, a donde será girado el proyecto y antes de la última sesión sería aprobado.

Al parecer la estrategia es no esperar hasta el año próximo cuando legalmente deberían de conformarse las Comisiones de trabajo en la Primer sesión ordinaria, sino hacerlo de manera anticipada para cumplir con el pedido del Ejecutivo quien estaría siendo presionado por las Cámaras inmobiliarias para tener el nuevo COU.

V.A

El juez federal Norberto Oyarbide sostuvo esta mañana que el ex ministro de Salud bonaerense Claudio Zin no está involucrado en la causa por los medicamentos adulterados, al asegurar que “Zin no aparece con ningún vínculo en la causa de los medicamentos”, indicó.

En las habituales declaraciones periodísticas, el magistrado que investiga la denominada “mafia de los medicamentos”, en donde está involucrado el ex subdirector de Control Sanitario bonaerense Alberto Costa, dejó atrás las versiones que establecían que Zin había dejado su cargo por su implicación en la causa.

El Director Ejecutivo de Arba, Martín Di Bella, aseguró esta mañana que “aspiramos a tener un mayor nivel de justicia, equidad y cobrabilidad” en el sistema tributario y para ello “trabajamos fuertemente para impedir la especulación fiscal”, en clara referencia a los venideros cambios en el sistema de planes de pagos, moratorias y beneficios existentes a partir del 31 de diciembre.

En ese sentido, el flamante funcionario titular del organismo de recaudación afirmó en declaraciones a Radio Universidad que el objetivo es otorgarle mayor equidad e igualdad al régimen recaudatorio de la Provincia, asegurando que busca que “ya no sea una operatoria normal y corriente el funcionamiento de moratorias y de bonificaciones sobre los intereses. Así evitaremos la injusticia con aquel contribuyente que cumple en tiempo y forma“.

“Vamos a trabajar para que los ciudadanos sientan que se les cobra bien el impuesto: iremos  sobre los incumplidores o especuladores y reconoceremos con beneficios a los cumplen con sus obligaciones” concluyó el titular de ARBA.

Alberto Pérez, Jefe de Gabinete de Daniel Scioli, criticó a quienes “quieren instalar la idea de una crisis política” porque “perjudica a nuestro gobierno y a toda la provincia de Buenos Aires”. En este marco, negó que exista un vínculo entre la renuncia del ministro de Salud Claudio Zin y la causa de los medicamentos adulterados.

Tras afirmar que Zin se alejó de sus funciones por “razones de índole personal que me venía expresando hace más de un mes”, aseguró que “nada tiene que ver la causa de medicamentos con la decisión del ministro”.

En tanto, Pérez afirmó “con lo que fueron estos dos años para Argentina y el mundo, que hagamos a fin de año algunos pequeños cambios de gabinete es algo normal en cualquier lugar del mundo”.

“Con los dos años que hemos tenido que experimentar, con el conflicto del campo y la crisis internacional, con una elección en el medio, con lo que fueron estos dos años para Argentina y el mundo, que hagamos a fin de año algunos pequeños cambios de gabinete es algo normal en cualquier lugar del mundo”, aseguró en diálogo con una radio porteña.

Al referirse a los reemplazos de José Scioli como Secretario General de la Gobernación y de Claudio Zin al frente del ministerio de Salud provincial, Pérez aseguró que “nuestro gobierno mantuvo un elenco ministerial estable” en relación a lo que ocurrió en otras provincias y hasta en el propio gobierno nacional.

“Revise cuantos cambios ha habido en el gobierno nacional y en las 24 provincias. Nuestro gobierno mantuvo un elenco ministerial estable, con algunos cambios que fueron para bien como cuando nuestra ministra Débora Giorgi fue de ministra nacional, algunos otros por razones políticas, y estos que tienen que ver con un fin de año, con mitad de mandato, con cansancio por una gestión realmente difícil como es la de la provincia de Buenos Aires”, dijo.

Y sin bien reconoció que “por supuesto que hay problemas” en la provincia, como la inseguridad o los problemas estructurales financieros, “no es nada distinto de lo que venimos experimentando en la provincia hace años, pero con mejoras sustanciales en varios aspectos y mucho por hacer en los dos años que nos restan”.

En relación a esa deuda pendiente, Pérez enfatizó que para revertir la situación actual “se necesita un gobierno fuerte, porque no es fácil de erradicar los bolsones de pobreza, la indigencia y la inseguridad” y pidió a quienes hablan de crisis “no nos debiliten, que no ayuden a que esos gobiernos no puedan tomar medidas”.

 

En el marco de los cambios dentro de la Policía bonaerense tras las marchas y protestas por la inseguridad en la región, el comisario Daniel Piqué fue designado como jefe del Distrito Centro de la fuerza.

Fuentes policiales señalaron a INFOCIELO que Piqué, quien se desempeñaba como titular de la comisaría primera en la capital provincial, fue sustituido en este último cargo por el comisario Marcelo Tidoni, ex jefe de la comisaría decimocuarta.

La semana pasada, el comisario mayor Roberto Castronuovo, ex titular de la Jefatura Distrital Centro, fue puesto al frente de la Superintendencia de la Zona Sur.