La inciativa que deberá ahora ser considerada por el Senado rompió la armonía de la Cámara baja provincial y su consideración se logró en votación dividida. Las bancadas de la UCR, el GEN-PS y la CC-ARI se opusieron al texto en cuestión. El FpV-PJ, el Pro Peronismo y Unión Celeste y Blanco acompañaron el texto del diputado del PP Carlos Acuña.
Según los fundamentos del proyecto “esta regulación debe permitir, además, que la libre iniciativa empresarial amplíe su campo de actuación y la introducción en nuestro ordenamiento jurídico de realidades técnicas y mercantiles socialmente asumidas, pero carentes, en este momento, del encaje legal adecuado, como es la protección de las pequeñas y medianas empresas del sector, como así también de sus trabajadores”.
De esta manera, el mencionado proyecto persigue “proporcionar un tratamiento integrado a una industria verticalmente articulada”. Desde la exploración, pasando por la producción de hidrocarburos en un yacimiento o cuenca, hasta su consumo. En dicho proceso se generan una serie de transacciones económicas y de procesos físicos de transformación, tratamiento o simplemente de transporte “que merecen una consideración global, puesto que forman parte de una actividad económica que, aunque segmentable, responde a una concepción integrada”. “Esta integración debe facilitar un tratamiento equilibrado de las diferentes actividades reguladas en esta Ley y permitir mantener una sustancial homogeneidad en la forma de abordar problemas similares. No altera ni interfiere en la soberanía del Estado Nacional y de las Provincias, respetando el federalismo”.
Una de las principales novedades que la presente Ley contiene, es que las estaciones de servicio pueden comprar directamente en refinerías o en playas de almacenamiento, y realizar el transporte por sus propios medios, por supuesto que con las medidas de seguridad exigibles.
Otro de los temas centrales de la presente ley es la obligación de los operadores mayoristas o empresas petroleras, a garantizar un suministro de carácter regular y estable a los distribuidores minoristas mediante suministros directos y en instalación de venta al público con los que mantenga una relación mercantil vinculante, sea cual fuere la forma; en consecuencia, el abastecimiento mínimo indispensable para un básico suministro al consumidor final debe estar garantizado al operador minorista.
Se sostine, además, que al establecerse normas regulatorias se supera el modelo actual, se superan las falencias que perjudican el normal funcionamiento de los pequeños centros de distribución de combustible, quedando de está manera desprotegidos jurídicamente. Todo ello, originado por un enorme desequilibrio jurídico-normativo entre las grandes empresas petroleras y los pequeños distribuidores.
La aprobación del proyecto, que dividió a las fuerzas políticas en cuanto a las formas pero no en lo que se desprende del espiritud del mismo, ya que se entienden que “el problema principal se manifiesta toda vez que las pequeñas estaciones de servicios difícilmente cuentan, en forma permanente, con el mínimo indispensable de combustible para abastecer al consumidor final”. Además como correlato de ello, puede observarse que “la comercialización de Hidrocarburos líquidos y gaseosos se fue profundizando en los últimos años; existiendo, recaudaciones record para las petroleras y la contracara del cierre de más de dos mil estaciones de servicio pymes, con la consecuente y grave pérdida de puesto de trabajo genuinos, en forma directa e indirecta”.