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No es ningún secreto que la explosión del Coronavirus encontró a los sistemas sanitarios de todo el mundo sin la preparación adecuada. En nuestro país, las autoridades trabajan a contrarreloj para instalar camas de internación pero sobre todo para equipar terapias intensivas, con respiradores mecánicos, para atender los casos más graves que, se estima, se contarán por miles.

Según los cálculos de los especialistas, el 80 por ciento de las personas que se contagien sufrirán fiebre y malestar por algunos días. El 15 por ciento necesitará internación y el 5 por ciento restante llegará a terapia intensiva. Llevado a una ciudad de 10 mil habitantes, en un escenario “optimista”, eso implica unos 4 mil contagios, 600 de los cuales requerirán atención y 200 terapia intensiva.

En una provincia como Buenos Aires, la situación tiene dos escenarios, muy disímiles pero igualmente complejos. Por un lado, el Conurbano, en donde el contagio masivo de COVID 19 puede desatar una verdadera tragedia, a partir de la densidad de la población y de sus características socioeconómicas.

El Gobierno trabaja en “aplanar la curva” mientras monta hospitales de campaña y enormes centros sanitarios. Sólo en Tecnópolis se espera habilitar 16 mil camas para enfrentar el “pico” de la pandemia, que, se estima, llegará en los primeros días de mayo. Pero además hay hospitales modulares, hospitales militares y hasta hoteles reconvertidos en centros de salud.

En el interior, el cuadro es distinto, pero igualmente complejo. En primer lugar, porque no todos los distritos cuentan con hospitales. En segundo lugar, porque los que hay son de baja complejidad. Frente al temor que produjeron las noticias que vienen de Europa, los vecinos de esos partidos se interesaron en saber con cuántas camas de terapia intensiva y con cuántos respiradores contaban. Los resultados fueron inquietantes.

En San Nicolás, una ciudad de más de 100 mil habitantes, hay 25. En General Belgrano, que tiene casi 30 mil, hay dos. Distritos como General Guido no tienen ninguno. Los intendentes, obligados a dar respuesta, salieron al mercado. Los presupuestos que se manejan en materiales descartables, medicamentos y equipos sorprendieron a más de uno.

El Gobierno nacional no envía ayuda directa para adquirir, pero, en el caso de los respiradores, logró intervenir el mercado local y gestiona la compra de aparatos chinos, con el objetivo de llegar a los 10 mil, partiendo de los 8.500 que hay funcionando en la actualidad.

Hay dos fábricas en todo el país, radicadas en Córdoba, que producen unas 250 unidades por semana. Hoy, se destinan exclusivamente al sistema de salud pública. Es la Nación la que los distribuye, priorizando hospitales nacionales, provinciales, regionales y áreas críticas. Los intendentes del interior que recibieron equipos se cuentan con los dedos de una mano.

Como suele ocurrir, mientras el Estado construía un monopolio, se generó un mercado negro con precios tres veces superiores a los de antes de la pandemia. Un respirador que podía costar 600 mil pesos antes del coronavirus, no se consigue hoy por menos de dos millones. “Nadie sabe de dónde los sacan, pero los ofrecen, y muchos municipios los están comprando”, asegura un Jefe Comunal, indignado. El dato fue corroborado por un colega que gobierna a doscientos kilómetros de distancia.

Los intendentes, en rigor, están entre la espada y la pared: deben elegir entre pagar los equipos con precios inflados y en un mercado poco confiable o arriesgarse a enfrentar la pandemia sin la atención sanitaria adecuada.

Cada cama necesita, además del respirador, un monitor y una bomba de infusión. Por todo concepto, coinciden la mayoría de las fuentes consultadas, equiparla para tratar un caso de COVID 19 puede costar entre 2.5 y 3 millones de pesos. También hay que hablar de entrenar profesionales y de adaptar espacios físicos.

Además hay que pagar salarios de profesionales y comprar medicamentos e insumos. Sólo los trajes protectores cuestan entre 1.500 y 2 mil pesos, y, como son descartables, se utilizan a razón de 50 por día y por paciente, porque cada médico o enfermero debe acercarse a hacer seguimiento al menos una vez por hora y no puede reutilizarlo. El número final asusta: se calcula que mantener una persona en terapia intensiva cuesta hasta 100 mil pesos por día.

Los intendentes esperan recuperar -vía obras sociales y prepagas- una parte de los gastos que afrontarán, pero son conscientes de que una enorme proporción de sus vecinos no tiene cobertura de salud.

La inversión se demanda en un momento extremadamente delicado para las arcas municipales. La parálisis económica que produce el aislamiento obligatorio derrumbó la recaudación de las tasas, pero también la de los impuestos provinciales y nacionales. Eso se traduce en un 50 por ciento menos de transferencias. La mayoría de los intendentes va a tener problemas para pagar los sueldos de abril, pero la decisión es clara: la prioridad sigue siendo preservar la vida.