Más de 150 intendentes de distintas provincias se presentaron ante el Ministerio de Economía para reclamarle al titular de la cartera, Luis Caputo, que baje el precio de la nafta, reactive la obra pública y frene el recorte de fondos, en un planteo conjunto que expone el impacto de la política económica en los territorios.
El documento, impulsado por el ministro bonaerense Gabriel Katopodis junto a su par de Gobierno, Carlos Bianco y el titular de la FAM, Fernando Espinoza, sintetiza tres ejes centrales que atraviesan a los municipios: el costo de los combustibles, la paralización de la obra pública y la caída de los recursos nacionales.
Nafta: subas por encima de la inflación y los salarios
El primer punto del reclamo apunta al precio de los combustibles, que acumuló un aumento del 542,7% desde la llegada de Javier Milei, con una suba real del 63,95%. Solo en 2026, los valores treparon un 24%, más del doble que la inflación y muy por encima de los salarios.
Los intendentes advierten que este incremento impacta de forma directa en las economías locales: encarece el transporte, la logística, la producción y termina trasladándose a alimentos y servicios, con mayor fuerza en el interior del país.
Obra pública: fondos recaudados y ejecución frenada
El segundo eje se centra en la paralización de la obra pública y el uso de los recursos específicos. Según los datos presentados, el Gobierno nacional acumuló $6,1 billones provenientes del impuesto a los combustibles y del ex impuesto PAIS que, por ley, deben destinarse a infraestructura en las rutas.
La normativa vigente establece que el 28,58% de lo recaudado debe ir al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte y, dentro de ese esquema, el 50% al sistema vial nacional.
Sin embargo, los intendentes denuncian que esos fondos no se están ejecutando, en un contexto de deterioro de rutas y obras paralizadas en todo el país.
Fondos y coparticipación: presión sobre los municipios
El tercer punto del reclamo apunta al recorte de transferencias nacionales y la caída de la coparticipación, que ronda el 24% promedio, según estimaciones de los jefes comunales.
Esa merma, combinada con el aumento de costos, genera una fuerte presión sobre las finanzas municipales, limita la capacidad de respuesta en servicios básicos y agrava la situación social en los distritos.
El planteo conjunto busca instalar que no se trata de demandas aisladas, sino de un esquema económico que —según los intendentes— impacta de manera simultánea en los precios, la inversión pública y los recursos locales, configurando un escenario crítico en todo el país.
La jornada contó con el acompañamiento presencial de 120 intendentes e intendentas de 14 provincias: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Santa Fe, Santiago del Estero, San Luis y Tierra del Fuego. También, otros jefes comunales que no pudieron asistir se sumaron con su adhesión, acompañando esta iniciativa a la distancia.
Datos clave sobre la crisis fiscal y social en municipios
- Coparticipación:
- -11% en el primer trimestre de 2026
- -21% acumulado (2024–2026 al mes de marzo)
- ATN (Aportes del Tesoro Nacional):
- Distribución “discrecional” según intendentes
- Reclamo: reparto automático con criterios de coparticipación
- Impuesto a los combustibles:
- $1,5 billones recaudados en 2026 (al 31 de marzo)
- Sin aplicación a:
- Baja de combustibles
- Obras viales
- Subsidios eliminados:
- Transporte público:
- Aumento de tarifas
- Deterioro del servicio
- Cierre de empresas en algunos distritos
- Energía (luz y gas):
- Subas que afectan acceso a servicios básicos
- Transporte público:
Impacto productivo
- +22.000 empresas cerradas en el país
- Caída de la actividad industrial
- Crisis en economías regionales
- Turismo:
- Una de las peores temporadas en 20 años
- Desaparición de programas de apoyo a pymes y emprendedores
Impacto social
- +100% en demanda de alimentos y asistencia
- Municipios denuncian:
- Sin envíos de ayuda alimentaria nacional
- Jubilados:
- Dificultades para acceder a medicamentos
- Personas con discapacidad:
- Recorte de pensiones y cobertura de tratamientos
Indicadores de alarma social
- Reaparición del trueque en plazas
- Intercambio de bienes básicos (ropa por comida)
- Aumento de endeudamiento familiar
- Municipios como primer y único sostén social
Redistribución automática de ATN
- Normalización del envío de fondos nacionales
- Restitución de subsidios o esquemas compensatorios
- Garantía de alimentos para sectores vulnerables
- Acceso a medicamentos para jubilados
- Políticas activas para pymes y economías regionales
- Creación de una mesa permanente con Economía (Luis Caputo)
