La Justicia Penal de La Plata acelera las actuaciones en el marco de una megacausa que investiga el accionar de una presunta organización criminal orientada al lavado de activos y a la explotación de juegos de azar sin autorización. Las maniobras de la red combinaban la captación de personas en situación de vulnerabilidad, el escaneo de datos biométricos oculares y la posterior creación de cuentas en billeteras virtuales para canalizar dinero de origen ilícito.
La investigación, llevada adelante por la fiscal Betina Lacki, estima que la maniobra financiera habría registrado un movimiento de fondos cercano a los $27 mil millones. El dinero provenía de casinos en línea clandestinos y se encauzaba mediante este andamiaje digital para eludir los controles fiscales y bancarios.
Nuevos arrestos y la nómina de imputados
En las últimas horas, las fuerzas de seguridad hicieron efectiva la detención de Cristian Cigliano en Mar del Plata, un sospechoso vinculado al rubro de la compraventa de automóviles que será indagado de forma inminente por la fiscalía. Con la incorporación de Cigliano, asciende a cuatro la cifra de imputados privados de la libertad que permanecen a disposición de la sede judicial.
Junto al nuevo detenido, la lista de procesados incluye a Ignacio Marchioni, Mauro Perrota y Albertina Mangini. Esta última reviste un carácter de alto impacto institucional en el fuero local, dado que se desempeña como funcionaria del Poder Judicial de La Plata y está señalada de cumplir un rol operativo central en la estructura.
El rol de la funcionaria e informes de salud
De acuerdo con la hipótesis que manejan los investigadores, Mangini habría actuado directamente en la captación de ciudadanos vulnerables para persuadirlos de escanear su iris a cambio de sumas de dinero en efectivo. Los datos biométricos recabados servían para dar de alta perfiles financieros en plataformas digitales mediante los cuales se blanqueaban los dividendos del juego ilegal.
Frente a la prisión preventiva que cumple, la defensa de la funcionaria —encabezada por los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina— solicitó una morigeración en las condiciones de detención. Para respaldar el pedido, sus letrados adjuntaron peritajes médicos, psicológicos y psiquiátricos que reportan un deterioro en su salud, traduciéndose en pérdida de peso severa, restricción alimentaria e ideas lesivas asociadas al encierro.
Prófugos y la hipótesis de una matriz de lavado
A pesar de los avances y las detenciones concretadas, la fiscalía mantiene activas las órdenes de captura sobre otros dos sospechosos que continúan en condición de prófugos. Las brigadas de búsqueda despliegan rastrillajes y cruces de datos para dar con el paradero de ambos individuos, considerados piezas clave en el nivel operativo de la banda.
En paralelo, el expediente judicial comenzó a captar la atención de otros tribunales y dependencias del país. Fuentes con acceso a la investigación revelaron que se evalúa realizar entrecruces de datos para determinar si las firmas comerciales y billeteras involucradas coinciden con patrones observados en otras causas contra el lavado de dinero.
