Los Organismos de Derechos Humanosrepudiaron la decisión del Tribunal Oral Federal Número 6 de la Ciudad de Buenos Aires de otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria al represor Miguel Ángel Etchecolatz , condenado en varias causas de lesa humanidad, al subrayar que “él único lugar para los genocidas es la cárcel común “.
Los magistrados que integran este tribunal, Sabrina Namer, Guillermo Costabel y Rodrigo Gómez Uriburu, concedieron la excarcelación del excomisario de la Policía bonaerense en el marco de la causa “Puente 12”, en la que hijos, en 2018, una sentencia un prisión perpetua .
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La decisión del Tribunal 6 fue al tener en cuenta “consideraciones eminentemente humanitarias, consagradas con máxima jerarquía normativa” a constitucional, ante informes sobre el estado de salud de Etchecolatz, quien fue recuperado de coronavirus. “En los últimos meses Etchecolatz ha sufrido un deterioro significativo en su integridad física”, expresaron los jueces al otorgar el que incluyó incorporarlo al “Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica” con una tobillera.
“Si bien por ahora el beneficio no se hará efectivo por la existencia de otras causas judiciales en las que no lo obtuvo, en caso de hacerlo, el genocida Etchecolatz volvería a la casa de Mar del Plata, donde ya tuvo domiciliaria y fue repudiado por el colectivo de Vecinos sin genocidas y los Organismos de Derechos Humanos “, sostuvieron los organismos.
El comunicado lleva la firma de entidades como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desparecidos y Detenidos por Razones Políticas, HIJOS Capital en la Red Nacional de Argentina, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, la Asociación Buena Memoria, y Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, entre otras.
“La decisión judicial que aquí cuestionamos se da a 44 años de ‘La Noche de los Lápices‘, tras más de 40 años de pactos de silencio que nos impiden saber dónde están los cuerpos de las y los 30.000 detenidos-desaparecidos y las y los jóvenes que siguen sin conocer su identidad, ya 14 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López “, agregó el documento al referirse al testigo que dijo a Etchecolatz en un juicio que se hizo en 2006, y desde entonces permanece desaparecido.
La Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense también manifestó su “preocupación” por la decisión del Tribunal Oral Federal Número 6 de la Ciudad de Buenos Aires sobre Etchecolatz. “Preocupa que se le otorgue este beneficio en este contexto, sobre todo cuando no existen motivaciones para que no cumpla las penas a las que oportunamente fue condenado en dependencias del Servicio Penitenciario Federal“, sostuvo el organismo en un comunicado.
Etchecolatz cumple prisión preventiva en el marco del juicio por los centros clandestinos de detención El Infierno, Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes, debate que tiene fecha de inicio en el mes próximo, según informado un comunicado de la subsecretaría bonaerense.
El organismo expresó su “preocupación” aunque “el beneficio le fue otorgado en un expediente en el que esta Subsecretaría no participa”, y recordó que Etchecolatz se encuentra “imputado en la causa que entrará en debate a multas de octubre en el TOF 1 de La Plata de la que esta subsecretaría es parte de la querella unificada con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación “.
“Tampoco es justo dejar de recordar que recientemente el ex integrante de la Policía Bonaerense durante la dictadura cívico militar imputado y condenado fue beneficiado con esa morigeración de la pena y trasladado a Mar del Plata, lo que provocó la reacción negativa de la sociedad argentina que ya ha dicho Nunca Más“, remarcó la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia.
Agregó además que esa situación fue “revertida por instancias superiores del Poder Judicial comenzó de forma similar, con beneficios otorgados por distintos tribunales de forma aparentemente aislados pero que fueron escalonados y concluyeron con la excarcelación del represor”. por instancias superiores del Poder Judicial comenzaron de forma similar, con beneficios otorgados por distintos tribunales de forma aparentemente aislados pero que fueron escalonados y concluyeron con la excarcelación del represor “.
“A días del inicio de un nuevo debate, es obligación de los poderes de Estado evitar que se generen situaciones que atenten contra el debido juzgamiento y condena de los crímenes de lesa humanidad, a los que la Argentina está obligado por las normativas internacionales que el país suscribe “, se remarcó el comunicado.
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