La Justicia Federal de La Plata procesó a cinco integrantes de la familia Mazzacane por evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta, tras una investigación iniciada en 2024 que detectó maniobras por casi $4.000 millones.
La causa, impulsada por la Fiscalía Federal N°1, expone un esquema empresarial que habría sido diseñado por los dirigentes de la ACTC para eludir obligaciones fiscales mediante sociedades interpuestas, fideicomisos y mecanismos de ocultamiento de ingresos.
El fallo, dictado por el juez Alejo Ramos Padilla, también incluyó a varias firmas del grupo económico y ratificó embargos millonarios sobre los imputados.
Un esquema empresarial para esquivar al fisco
Según reconstruyó la investigación del Ministerio Público Fiscal, el núcleo de las maniobras giraba en torno a Quilmes Tolosa S.A., una empresa distribuidora —sin vínculo con la cervecera homónima— que funcionaba como pieza central del entramado.
A partir de allí, se habría montado una estructura de sociedades que permitió simular insolvencia mientras la actividad comercial continuaba con normalidad. Para la Justicia, se trató de una “arquitectura societaria” orientada a evitar el pago de impuestos y frustrar la capacidad de cobro del Estado.
En ese esquema, otras firmas del grupo —como Maverick S.A., MDNAJMM S.A. y CEAGA S.A.— aparecían como titulares formales de bienes clave, como camiones e inmuebles, que en los hechos eran utilizados por la empresa principal.
Contabilidad paralela y fideicomisos bajo la lupa
Uno de los puntos más sensibles de la causa es la presunta utilización de un sistema informático para llevar una contabilidad paralela. De acuerdo con los peritajes, el software permitía registrar operaciones por fuera de los circuitos formales, ocultando hasta el 40% de la facturación real.
A eso se sumó la creación del fideicomiso “Quilbeb Sur”, a través del cual se habrían canalizado movimientos millonarios —por más de $4.400 millones— cuyo origen está bajo sospecha por tratarse de ingresos no declarados.
Los investigadores también detectaron una estrategia de “inactividad bancaria deliberada”: la empresa principal mantenía cuentas sin fondos mientras los pagos a proveedores y empleados se realizaban mediante otras sociedades del grupo, lo que evitaba eventuales embargos.
Roles familiares y conducción del grupo
Para la Justicia, los integrantes de la familia Mazzacane tuvieron “roles centrales y coordinados” dentro del esquema investigado.
Entre los procesados figuran Héctor Mazzacane, presidente de la ACTC; su esposa, Liliana Mónica Videla; sus hijos Gastón– expiloto de Fórmula 1- y Juan Manuel; y un sobrino, Marcelo Oscar Mazzacane. Según el expediente, todos habrían participado en distintas fases de las maniobras.
El fallo sostiene que el objetivo era mantener el control real de los negocios mientras se presentaba ante el Estado una estructura formalmente debilitada o sin activos.
La defensa y el trasfondo político-económico
La decisión judicial ya fue apelada por la defensa, que cuestionó el procesamiento y sostuvo que las deudas están incorporadas a planes de pago aceptados por ARCA. Además, advirtieron sobre el impacto que podría tener la causa en la continuidad de las empresas y en más de 150 puestos de trabajo.
El caso se inscribe en un contexto más amplio de tensión entre el Estado y grandes contribuyentes, en medio de cambios en la legislación fiscal —como la actualización de los montos para considerar delito penal la evasión— y de un discurso oficial que combina promesas de alivio impositivo con un endurecimiento en los controles.
De hecho, en el mismo fallo se dictó la falta de mérito para algunos montos menores, que no alcanzan el nuevo umbral establecido por la ley vigente.
Mientras tanto, fuentes judiciales señalaron que no se solicitaron detenciones, ya que no se detectaron riesgos procesales y los imputados respondieron a las citaciones. La investigación, sin embargo, sigue abierta y podría escalar en las próximas instancias.
