El Juzgado Federal n°2 de Lomas de Zamora ordenó el allanamiento a la empresa EDESUR en el marco de las denuncias contra la empresa por incumplimiento del servicio y a dos días de la intervención que realizó el Gobierno nacional sobre la compañía.
En un fallo firmado por los jueces Ernesto Kreplak y Alberto Frezzini, se facultó a la División de Investigaciones Antifraudes de la Policía Federal a poder allanar las oficinas de la empresa ubicadas en Ezeiza, Monte Grande, Lomas de Zamora y otra en CABA.
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Los magistrados señalaron que en el objetivo de los operativos se enmarcan en el artículo 232 del Código Procesal Penal de la Nación y exige que “se efectúe la entrega inmediata de toda documentación que vislumbre aquellas comunicaciones que CAMMESA ha efectuado a esa firma, mediante la cual se anoticia la existencia de desperfectos interrupciones en el suministro de energía eléctrica” en esos distritos bonaerenses.
En ese plano, los jueces exigieron además al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que envíe, “en forma urgente” el marco normativo de a concesión de la cual es titular EDESUR para la prestación del servicio; que realice un informe explicando los roles y funciones de las empresas CAMMESA, SACME, EDENOR S.A., EDESUR S.A. y el grupo ENEL, propietario de EDESUR dentro de la provisión del servicio eléctrico; dónde opera cada una y que concesión tienen.
Asimismo, la Justicia exigió información sobre las multas y planes de obra que se impusieron a estas empresas en el último periodo, motivos, cuáles se realizaron, cuáles se encuentran incumplidos; informes sobre las auditorías que se realizaron; y el total de usuarios afectados y daños provocados al día de la fecha por los cortes de suministro iniciados en febrero de este año.
Por otro lado, la justicia pidió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que informe losanuncios de venta de los activos de ENEL en las empresas EDESUR, las centrales térmicas de DOCK SUD y Costanera, y la concesión hidroeléctrica El Chocon.
También le pidieron a la Inspección General de Justicia la copia del estatuto societario de Edesur y ENEL SPA, explicando quiénes son sus presidentes, directivos y gerencias y, finalmente, a la Secretaría de Energía de la Nación, una copia del contrato de concesión suscripto entre esa Secretaría y la empresa Edesur S.A.
La denuncia penal del ENRE contra EDESUR
Tras la designación de Jorge Ferraresi como interventor de Edesur, el Ente Nacional Regulador Eléctrico (ENRE) amplió la denuncia que ya había presentado en el Juzgado Federal de Julián Ercolini. ¿Qué pidió el gobierno?
La presentación que lleva la firma de Walter Martello, titular del ENRE, y del abogado Miguel Priolo solicita que se le prohíba salir del país a los directivos del la concesionaria del servicio eléctrico. La restricción sería para “Juan Carlos Blanco, Francesco Tutoli, María Alejandra Martínez, Víctor José Díaz Bobillo, Mónica Diskin, Giovanni Zanchetta, Jaime Barba, Alejandro Martínez y Valter Moro“.
Los funcionarios hicieron un pedido de este calibre para evitar que los directivos de Edesur “se sustraigan de comparecer a derecho en la presente investigación”. Mientras se esperan los resultados de la auditoría que está realizando el organismo de control, la vía judicial del contiene las primeras conclusiones del rol de Edesur en los apagones masivos.
En la ampliación de la denuncia que se presentó ayer, Martello aseguró que detectaron detectó desvíos y demoras entre la base de reclamos de cortes y la información que brindó la empresa, entre otras deficiencias.
“La Distribuidora incumple en forma recurrente y sistemática con los parámetros de calidad media y, ante eventos de magnitud, los procedimientos operativos de atención de reclamos y reposición de suministros fracasan reiteradamente, denotando déficits de recursos, de planificación operativa y de inversiones“, precisaron. En la misma línea, mencionaron que las instalaciones que son del área de concesión de Edesur “no están siendo reparadas al ritmo de las necesidades del servicio público”.
Las conclusiones del ENRE
Como se ve, el documento presentado ante Ercolini es muy crítico de la gestión de Edesur y de sus directivos. De hecho contiene una fuerte acusación vinculada a la intención de Enel de vender la empresa. “Edesur SA ha perdido la capacidad operativa de la concesión en forma intencional. Es clara la decisión de sus directivos de abandonar el país incumpliendo dolosamente sus obligaciones“, expresa.
En síntesis, para el gobierno hay un “estado de déficit de la gestión operativa en términos de atención primaria de reclamos, reposición de suministro, operación de instalaciones, mantenimientos correctivos en tiempo y forma”. Esto se debería “la clara intención de los directivos de EDESUR de frustrar dolosamente el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato de concesión de distribución de energía eléctrica para su área de incumbencia en forma inexcusable”.
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