En el marco de las políticas de apertura de importaciones impulsada por el Gobierno nacional, uno de los rubros que registró un incremento fue el sector porcino. De acuerdo a estimaciones de la Asociación de Productores Porcinos de Buenos Aires (APROPORBA), en el último año el ingreso de carne porcina aumentó en un 14%, con Brasil como principal proveedor.
El alcance de esta medida se puede analizar desde dos puntos de vista. Por un lado, el impacto económico para los productores locales, que deben competir en desigualdad de condiciones. El otro tema –no menor- es el apartado sanitario.
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Argentina es uno de los cuatro países en el mundo libre de enfermedades y con cada ingreso está latente el riesgo de que ingrese al país el Síndrome Respiratorio Reproductivo Porcino (PRSS por sus siglas en inglés), que tendría consecuencias devastadoras para el rodeo porcino nacional.
El principal proveedor de carne porcina de Argentina es Brasil, con casi un 90% de las ventas, seguido por Dinamarca y España. A este listado se ha sumado Estados Unidos, que tras las aprobaciones sanitarias de rigor está a la espera de concretar los primeros envíos.
Por el lado de la producción argentina, han reclamado de manera constante ante una situación que consideran un atropello. En medio de un delicado escenario económico, que combina suba de tarifas, presión impositiva y aumento de los costos en dólares, los productores buscan equiparar las reglas de juego.
En este sentido, el diputado bonaerense por el Frente Renovador Lisandro Bonelli presentó un proyecto de Ley para la protección de esta cadena de valor en la provincia de Buenos Aires. En sus fundamentos, el legislador sostuvo que un 52% de la actividad se concentra en territorio bonaerense.
“Sólo en 2017 la Provincia sumó 582 establecimientos porcinos y su stock ascendía a 1,2 millones de cabezas”, señala el proyecto. También destaca que en los 60 frigoríficos registrados en la provincia, el año anterior se faenaron 3,3 millones de un total de 6,4 millones de cabezas.
En su artículo 2, el proyecto de Ley señala que busca garantizar la sustentabilidad de la producción porcina en la Provincia de Buenos Aires preservando el estatus sanitario, como así también evitar la introducción de productos y subproductos porcinos que provengan de países donde se utilizan drogas no autorizadas en Argentina para su aplicación en los diferentes procesos de la producción porcina.
La iniciativa del legislador de San Nicolás prohíbe el ingreso de productos, subproductos y derivados cárnicos porcinos que provengan de países no libres de PRRS y que además usen ractopamina, un promotor del crecimiento cuyo uso no está autorizado a nivel local.
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