Argentina es uno de los jugadores más destacados en la elaboración de biodiesel, que se elabora en base a aceite de soja. Con unas 40 fábricas, de las cuales la mitad se hallan concentradas en la zona del puerto del Gran Rosario y cuentan con una capacidad instalada de 4,5 millones de toneladas anuales.
El primer dato a tener en cuenta es que los fabricantes argentinos trabajan con una elevada capacidad ociosa, esto es que elaboran por debajo de la capacidad máxima instalada. Si bien el biodiesel nacional es reconocido por su calidad, en Estados Unidos y Europa -los principales clientes- se caracterizan por sus políticas proteccionistas a favor de su producción agroindustrial. Una muestra cabal de esta situación es la ardua negociación entre los bloques Mercosur y UE por un acuerdo de libre comercio, en donde Francia lidera la postura más dura de no ceder posiciones a los pedidos sudamericanos.
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Como antecedente negativo, Estados Unidos cerró a mediados de 2017 la importación de biodiesel argentino, un negocio que representaba para nuestro país un ingreso en divisas por unos 1.300 millones de dólares, cerca del 10% del total de las agroexportaciones. Tras esta medida, Argentina pudo recuperar el mercado europeo, pero con una serie de inconvenientes, entre los que se destaca la imposición de un arancel a la exportación por parte del Gobierno, una medida a contramano de cualquier esfuerzo tendiente a incrementar volumen de venta.
En este escenario delicado, esta semana se conoció la decisión de la UE, que ratifica un rumor que hace algunos meses circula en Argentina: la European Biodiesel Board, que representa a los fabricantes del viejo continente, abrirá una investigación por supuestos subsidios en la elaboración del biocombustible nacional. El Gobierno europeo tomó esta demanda, y notificó a las autoridades de nuestro país.
¿Qué escenario se abre para Argentina? La denuncia presenta los mismos argumentos que en su momento esgrimió Estados Unidos y cerraron ese mercado por los próximos cinco años. En este sentido, argumentan que los fabricantes locales reciben subsidios para elaborar su producto y de este modo gozan de ventajas en relación a sus competidores.
Las entidades que representan a las plantas elaboradoras de nuestro país niegan este hecho, y se preparan para comparecer ante la Organización Mundial del Comercio, el tribunal en donde se dirimen estas cuestiones. Los especialistas estiman que en el peor de los escenarios, en noviembre se podría cerrar la venta de biodiesel a Europa, en caso que la OMC emita un fallo desfavorable a los intereses locales.
¿A favor? Argentina ganó en 2017 un caso similar contra Europa, tras cuatro años de litigio. ¿En contra? En el marco de un creciente proteccionismo en los clientes argentinos, si se cierra este mercado, sería un golpe de nocaut para la industria argentina. La alta capacidad ociosa actual, más la caída de las exportaciones (Europa compra cerca del 90% del saldo exportable) se reflejaría en cierres de fábricas y despidos.
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