Los crímenes y delitos complejos que tienen como escenario a la Provincia de Buenos Aires generan una demanda social de “justicia”, pero que en general está apuntada con nombre y apellido a los responsables del Poder Ejecutivo, sean el gobernador, el ministro o los intendentes. Sin embargo, los funcionarios del Poder Judicial suelen pasar desapaercibidos. Entonces, ¿qué pasa con el rol de la Justicia en materia de seguridad? ¿Cómo pueden intervenir en la prevención de delitos?
Luego de confirmar la detención de los dos apuntados como posibles autores del crimen de Morena Domínguez, la niña de 11 años atacada por motochorros en Lanús, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, abrió el interrogante: “Entre los dos detenidos tuvieron seis entradas a la Justicia. ¿Cuál fue el rol de la Justicia? El gran problema que tenemos es que la Justicia no logra cumplir con su función”, dijo.
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El juez de la Cámara Penal de Azul, Carlos Pagliere, evaluó ante la consulta de Infocielo que en la Justicia penal “hay varios problemas”, uno de ellos, importante, es el de las vacancias, ya que provoca que los juzgados estén cargados. “Hay mucho nombramiento paralizado, eso es de base. Es una cuestión de infrestructura funcional”, posutló.
Según los datos que maneja el sector de Juntos en el Consejo de la Magistratura bonaerense a los que accedió Infocielo, actualmente hay 322 vacantes, a las que se sumarán siete previstas para septiembre y octubre. Además, se contabilizan una decena de licencias y otras diez disciplinarias; lo que da un total de 349 lugares a cubrir. A esto se suman las vacantes en el Ministerio Público, con la ausencia de 135 fiscales; 70 defensores y nueve asesores, lo que da un número total de 214.
“También hay una cuestión legal en cuanto a que, para dejar a una persona detenida mientras no haya condena firme lo que se evalúa son los pedidos procesales. No se hace pronóstico por cantidad de causas o reiteración. Eso tiene que ver con una cuestión legislativa, pero también con otra que es académica”, planteó el juez.
En esa línea, sostuvo que la Justicia “debería tomar más acción en la prevención, que haya un parámetro establecido en la ley”, pero para eso “tiene que cambiar la mentalidad de la Justicia y entender que la seguridad no es una cuestión solo policial o política, sino que las decisiones judiciales tienen su impronta y consecuencia”.
El Gobierno bonaerense llevó adelante en los últimos años un plan de infraestrcutura penitenciara a través del que sumó plazas y alcaidías, con el doble objetivo de sacar detenidos de las cárceles y poner esos policías en las calles; pero también bajar la reincidencia al ubicar a los detenidos en sitios que no los dejen hacinados. Pese a ello, aún resta profundizar esas medidas.
“Se han sumado plazas, pero hay un déficit carcelario enorme, es muy grande. Todas las cárceles están superpobladas. Políticamente se pretende que se vacíen las comisarias, lo que suma mas sobrepoblación; eso sí es un problema político. Se necesita la construcción de unas 2 o 3 unidades penitenciarias más”, planteó Pagliere.
En su análisis, el magistrado evaluó que en la Provincia tiene que haber leyes que estén “acorde a la situación”, pero que eso “requiere de tiempo, constancia y seriedad” y o no guiarse por el momento político según el caso de turno.
“Hay falsas banderas cuando hay cuestiones de crimialidad porque salen con proyectos que agravan el problema, pero se venden como solución por oportunismo político. El Código Penal tiene que ser riguroso, pero no brutal. No puede ser lo mismo una pena por hurto, robo o por matar, si todos son con penas graves, entonces no hay diferencia”, cerró.
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