La Cámara de Diputados de la Nación, presidida por Sergio Massa, continúa este jueves 3 de diciembre con una nueva jornada de debate en torno al proyecto de legalización del aborto.
De esta manera, desde las 11 comenzará la tercera jornada de las comisiones de Legislación General; Legislación Penal; Mujeres y Diversidad y Acción Social y Salud Pública para debatir el proyecto de ley sobre regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y su posterior acompañamiento. Modificaciones al Código Penal.
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La reunión del plenario es presidida por los diputados del Frente de Todos Cecilia Moreau, Ana Carolina Gaillard, Mónica Macha y Pablo Yedlin. Además de diversos especialistas, también expusieron en representación del Poder Ejecutivo la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el ministro de Salud, Ginés González García; y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, quien coordinó la redacción del proyecto.
La iniciativa que envió el Poder Ejecutivo a Diputados el pasado 17 de noviembre estipula que “las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar” tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional y habilita la “objeción de conciencia” del personal de salud, aunque dicha objeción de conciencia no será admitida a nivel institucional.
Desde la Cámara de Diputados dieron a conocer las posturas a favor y en contra sobre el proyecto de la segunda jornada:
Posturas a favor
Diana Maffía, doctora en Filosofía: “Habilitar el aborto no obliga a nadie a abortar, pero prohibirlo sacrifica la vida de muchas mujeres en el circuito clandestino y no preserva ninguna vida. El aborto es la resolución de un conflicto moral entre la maternidad forzada y la interrupción del embarazo. La penalización del aborto no protege la vida, destina a la muerte”.
Andrés Gil Domínguez, doctor en Derecho Constitucional: “Es una obligación del Estado argentino despenalizar el aborto, porque si no lo hace está violando los derechos humanos de las niñas y mujeres adolescentes. Desde el punto de vista constitucional no existe ninguna norma que impida que este proyecto sea inválido”.
Soledad Deza, abogada y magister en Género, Sociedad y Justicia, sobre la objeción de conciencia: “Se hace política con este tema y desafortunadamente esta herramienta de excepción invierte su lógica de creación y funciona como una regla, haciendo emerger instituciones que retiran enfáticamente de la oferta sanitaria prestaciones lícitas, entre ellas la interrupción legal del embarazo”.
Leda Guzzi, médica Infectóloga: “Más allá de las posiciones religiosas y metafísicas, el aborto es un grave problema de salud pública, que merece la atención y solución por parte de las autoridades sanitarias, de la gestión política y, sin duda, de los profesionales de la salud”.
También se expresaron a favor del proyecto Víctor Urbani, médico, ex ministro de Salud de la provincia de Jujuy y actual director de Atención Primaria de Salud en Mendoza; Aida Kemelmajer de Carlucci, abogada jurista; María Belén Carcedo, médica general, integrante de la Red de Profesionales de Salud por el derecho a decidir; Paola Bergallo, doctora en Derecho; Carolina Comaleras, licenciada en Obstetricia, integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal y Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.
Asimismo, apoyaron la iniciativa Magui Fernández Valdez, directora Ejecutiva del Observatorio de Acceso al Misoprostol; Myriam Bregman, abogada y legisladora porteña del PTS-FIT; Roberto Gargarella, doctor en Derecho UBA y profesor Derecho Constitucional UBA; Sonia Tarragona, subsecretaria de Medicamentos del Ministerio de Salud de la Nación; Cecilia Ousset, médica de Tucumán; y Marisa Herrera, doctora en Derecho UBA e investigadora Conicet.
Posturas en contra
Nicolás Lafferriere, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina y abogado por la Universidad de Buenos Aires: “El aborto, no se trata sólo de un problema de coherencia normativa, sino que todo eso configura una inadmisible discriminación legal entre niños, ya que algunos tienen derecho a la vida mientras que otros serán descartados por ser no deseados. En países con aborto legalizado, las personas con discapacidad son eliminadas en un 90% de los casos detectados”.
Gustavo Carrara, obispo titular de la antigua sede de Tasbalta: “Cuando se niega el derecho a vivir, todos los derechos humanos quedan colgados de un hilo. ¿Qué solidez puede tener la defensa de la vida humana si una ley puede definir en qué momento puede ser eliminada o no?”.
Aníbal Bakir, presidente del Centro Islámico de Argentina: “La jurisprudencia islámica designa al ser humano desde que es concebido, y no nacido, hasta su nacimiento. El feto es un ser potencialmente viviente y, por ende, la interrupción de su desarrollo dentro del vientre materno debe realizarse siempre que sea a favor del interés vital de la madre y estando en juego su vida”.
María Angélica Gelli, directora del Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas: “La defensa de la vida comienza con la concepción y la protección de este derecho está expresamente establecida en el sistema jurídico. No se trata de una interrupción, porque lo que se interrumpe puede continuar, sino que se trata de la supresión del embarazo”.
En tanto, expusieron en rechazo a la norma Martín Olivera, médico especialista en Ginecología y Obstetricia: Néstor Sagués, catedrático titular de Derecho Constitucional; Mirian Andújar, abogada, ex decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Católica de Cuyo; Jorge Aquino, doctor en Medicina, investigador del CONICET; Margarita Bosch, doctora en Ciencias Químicas y Siro de Martini, doctor en Ciencias Jurídicas.
De igual modo, se expresaron en contra María de Urraza, médica obstetra; Ségolene Du Closel, docente de Bioética USAL; Pablo Garat, decano de la Facultad de Derecho de la UCA; Débora Rainieri, docente investigadora Facultad de Derecho UCA; Gisela Reynaga, Médica por la Vida, Tucumán; y Fernando Toller, profesor titular de Derecho Constitucional y DD.HH., Universidad Austral.
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