La decisión de Alberto Fernández de enviar al Congreso el proyecto de legalización del aborto puso de nuevo sobre la mesa el debate en torno a la falta de estadísticas oficiales. De dónde salen los números que manejó Vilma Ibarra para preparar el proyecto y cuál es el cálculo estimado del ahorro que implicará para el sistema de salud la sanción de la ley.
“Sabemos que son miles los abortos que suceden por año, pero no hay cifras oficiales porque son prácticas clandestinas. Lo que tenemos son estimaciones. En el año 2005, a partir de un pedido del Ministerio de Salud, se hizo una estimación validada por métodos internacionales. Se calculó a través de los egresos hospitalarios que hay como mínimo 370 mil abortos clandestinos por año en la Argentina”, precisó Vilma Ibarra, en diálogo con Infocielo.
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El informe al que hizo alusión la Secretaria Legal y Técnica fue elaborado por las demógrafas Edith Pantelides y Silvia Mario. Para poder elaborar una radiografía certera de la cantidad de abortos clandestinos que se realizan en el país, las especialistas tomaron los datos oficiales de las hospitalizaciones por complicaciones médicas en hospitales públicos producto de intervenciones clandestinas.
El número al que se llegó es que hubo 6,8 abortos clandestinos, por cada caso de hospitalización. Si se multiplican las 65.735 registradas en el año 2000, la estimación es que hubo 447 mil abortos inducidos; con un margen de error que va de los 300 mil a los 500 mil. Las demógrafas completaron el estudio con entrevistas a médicos y representantes del sistema de salud público.
El otro método utilizado es el “residual”. En este caso, se compara la diferencia entre la cantidad de bebés que nacería en el país teniendo en cuenta variables como el uso de anticonceptivos en la sociedad, las costumbres sociales y el tiempo de infertilidad antes y después del embarazo. La diferencia entre esa cifra “total” se contrapone con los nacimientos y así se obtiene otro cálculo de las prácticas ilegales. La conclusión es que la cantidad de abortos sería de entre 486 mil y 522 mil al año, dependiendo del período estimado para la lactancia.
“Los dos métodos descriptos para la estimación del aborto inducido no arriban a datos exactos pero ofrecían órdenes de magnitud para informar el debate sobre la práctica del aborto en 2005. Además, aunque estamos ante métodos que no son comparables entre sí, son útiles para observar, metafóricamente, lo que puede iluminar ‘el foco de una linterna, a cuyo alrededor podría haber más o menos abortos inducidos’”, precisó el último reporte de Amnistía Internacional Argentina, titulado “Medición de abortos clandestinos”.
Legalización del aborto y el impacto en las arcas del sistema de salud
“En la Argentina se puede acceder a la práctica del aborto en condiciones de seguridad, pero pagando un precio muy alto porque hay un negocio detrás de la clandestinidad. Las mujeres de bajos recursos son las más vulneradas y las que acuden a situaciones dramáticas para interrumpir sus embarazos. Cuando digo ‘dramáticas’, me refiero a que nos espantan las condiciones sanitarias de muchos de esos lugares”, reconoció Ibarra.
El costo que implicaría para el Estado garantizar la práctica del aborto fue uno de los ejes de argumentación de quienes se manifestaron en contra del proyecto en el debate del 2018. Sin embargo, pese a que la prestación se agregaría a las que brinda el sistema de salud, los especialistas advierten que la política preventiva generaría un ahorro de casi cinco mil millones de pesos al año. “No son cálculos oficiales, pero son los números que manejamos a la hora de analizar el impacto en el sistema de salud”, sumó la Secretaria Legal y Técnica.
De acuerdo al estudio presentado por Sonia Tarragona, Subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica, el ahorro para el sistema de salud de avanzar hacia la legalización estará entre los $3.658 y los $4.394 millones por año; contemplando un estimativo de 300 mil abortos; y de $6.096 y $7.323 en caso de tomar como referencia la cifra de medio millón de abortos al año.
“Actualmente, el sistema de salud gasta entre 2,4 y 8,4 veces más que lo que gastaría si se decidiera avanzar en la legalización. Si se introdujera competencia en el mercado de medicamentos o si se produjeran públicamente, podrían ahorrarse entre $500 y $835 millones adicionales al año. Estas magnitudes serían significativamente superiores si se incluyeran los costos actuales, los desembolsos de bolsillo destinados a contratar las prácticas en el circuito clandestino”, precisó Tarragona en la conclusión.
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