En sesión especial, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que propone la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (ReNDAM) con el objetivo de conformar una base de datos nacional que permita sancionar a los padres que no cumplan con las cuotas que deben abonar para la manutención de sus hijos.
El proyecto plantea una serie de impedimentos para quienes estén inscriptos en este registro, de manera que distintas instituciones u organismos no les otorguen “la apertura de cuentas bancarias y otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito o débito; inscripciones o anotaciones en los registros de la propiedad inmueble nacional o de las jurisdicciones locales; expedición o renovación de pasaporte; solicitud de licencia para conducir o su renovación; habilitación para la apertura de comercio o industria; e inscripción a matrícula de colegios profesionales para el ejercicio de actividad bajo matrícula pública”, entre otros.
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El proyecto obtuvo media sanción casi por unanimidad. La iniciativa consiguió 225 votos a favor y solo uno en contra, propiciado por el diputado José Luis Espert (Avanza Libertad). El economista liberal sostuvo que dicho proyecto es “inconstitucional” porque tiene carácter procesal, materia que es de competencia exclusiva de las provincias.
La presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moreau, calificó su aprobación como “una medida contra la violencia económica y la vulneración de los derechos de las infancias”.
Cecilia Moreau, ayer en la aprobación del proyecto de ley de Registro único de Deudores Alimentarios Morosos.
Más temprano, el Congreso avanzó por unanimidad con el proyecto que beneficia a los trabajadores de la salud que realizan más de cuatro guardias por mes, para que no paguen el impuesto a las Ganancias por los ingresos que excedan ese tope. Obtuvo 223 votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones.
Luego, con un total de 228 votos a favor, Diputados aprobó la capacitación obligatoria para funcionarios públicos, un sistema de alerta temprana y campañas de difusión para la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y, en otro orden, también la modificación del Sistema Integral de Protección de Personas con Discapacidad, con el propósito de hacer más rápido a la gestión del Certificado Único de Discapacidad.
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