La Comisión provincial por la Memoria en conjunto con la APDH y otras organizaciones de Derechos Humanos elevaron un reclamo contra una “vieja y repudiable” práctica de autorizar el traslado de policías bonaerenses sospechados de cometer delitos a otras dependencias de la fuerza.
El pedido se reactivó producto del caso en el que se investiga el presunto asesinato en una comisaría de Laprida de la joven Daiana Abregú, donde policías sospechados fueron trasladados a Tres Arroyos.
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En la nota, exigen que la policía conducida por Sergio Berni, cese con las maniobras para descomprimir conflictos en las localidades sin evaluar posibles efectos en comunidades en las que se “desconoce esa situación”.
Con la nota presentada ante Axel Kicillof, los organismos de Derechos Humanos plantearon “una honda preocupación por el desarrollo continuo de una práctica que contraviene la función propia de las fuerzas de seguridad y genera una profunda desconfianza social hacia las mismas”.
El documento lleva la firma de Guillermo Torremare, Eduardo Tavani y Soledad Astudillo, presidentes y presidenta de la APDH, y por la Comisión Provincial por la Memoria, con su secretario, Roberto Cipriano García, su presidenta, Dora Barrancos, y su presidente, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.
“Es inaceptable porque importa la convalidación de conductas sospechadas, por parte de integrantes de la fuerza que debe velar, precisamente, por la prevención del delito” agregan en la misiva.
Y mencionan que a ello se le suma “la lógica desconfianza social que genera en una comunidad alertada, la llegada de esos efectivos sobre los que pesa la presunción de haber sido parte de acciones ilegales, desconfianza que conspira contra toda política pública de consolidación de una seguridad democrática a la que aspiramos”.
Los traslados tras el escándalo en Laprida
En el mismo sentido, ejemplificaron con un caso muy reciente, el del comisario inspector Marcelo Amaya, quien se desempeñaba como jefe de Policía Comunal en Laprida, y el comisario Cristian Barrios, jefe de la Estación de Policía Comunal de la misma ciudad, donde el 5 de junio pasado se produjo la muerte de Daiana Abregú.
Para los organismos de DDHH, ambos “resultan ser -cuanto menos- responsables funcionales de su deceso, en tanto jefes respectivamente, de la fuerza que estuvo a cargo de su aprehensión y custodia y de la dependencia donde se produjo ese gravísimo hecho, lejos de haber sido separados preventivamente de sus cargos, fueron trasladados a cumplir funciones en la ciudad de Tres Arroyos”.
“La persistencia del mecanismo que criticamos es violatoria de la ley orgánica policial –Nro. 13.482- cuyo espíritu propicia que las fuerzas de seguridad sean absolutamente respetuosas de los derechos humanos, lo que es tributario de los mandatos constitucionales tanto en la Nación y como en la Provincia”, finalizaron, no sin antes pedir al gobernador que “se dispongan las medidas normativas necesarias para impedir la práctica aquí denunciada”.
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