Tras la denuncia penal que presentaron grupos “pro vida” contra quienes practicaron la cesárea a la niña de once años de Tucumán embarazada producto de una violación de su abuelastro, la ginecóloga denunciada, Cecilia Ousset, dialogó con el programa “No te des vuelta” que emite FM CIELO y afirmó que “la idea era salvarle la vida a la chiquita porque corría peligro”.
La niña se presentó en el Hospital Eva Perón de Tucumán con 16 semanas de embarazo y ningún profesional quiso intervenir. La fiscal Adriana Giannoni actuó de oficio y amenazó con que sería juzgado penalmente por homicidio aquel médico que interviniera.
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“Así fue estirado el embarazo, prolongándose la imposibilidad de realizar una interrupción legal hasta que llegó un oficio al hospital de una jueza ordenando la interrupción legal en el plazo de 72 horas”, explicó Ousset, quien junto a su marido José Gijena le realizaron la cesárea a la niña en la semana 23 de gestación.
El resto del cuerpo médico del Hospital se declaró objetor de conciencia. “La mayoría tenía temor por el oficio de la fiscal”, dijo Ousset a FM CIELO. “Hasta el anestesista se había declarado objetor de conciencia”, añadió.
Tras la cesárea, el recién nacido vivió diez días con todos los cuidados de neonatología y falleció. Tenía un 90% de posibilidades de fallecer. Sin embargo, la fiscalía pidió una autopsia “como si hubiera sido una muerte dudosa y no como si hubiera sido un prematuro extremo que por su inmadurez no tiene posibilidades de vida”, explicó indignada Ousset.
Tras esta cadena de sucesos, un grupo de abogados y médicos que se identifican como “pro vida” presentaron una denuncia por homicidio calificado contra la pareja que intervino en la cesárea en la misma fiscalía que había demorado con oficios la interrupción legal del embarazo por violación, como prevé el Código Penal argentina desde 1921.
“Se naturaliza que una nena que ha sido violada continúe su embarazo a costa de su vida, vivimos al margen de la ley”, protestó Ousset. Además, explicó que en Tucumán “los grupos anti derechos están mucho más arraigados que en cualquier lugar del país” y que “es la única provincia que no está adherida a la ley de salud sexual y reproductiva”.
Por otra parte, reveló el alto grado de vulnerabilidad de la niña “que se aferraba en los brazos de su madre” y dijo que lo “grave son todas las Lucías que hubo y que habrá”. Denunció que “el abandono del Estado es aberrante”.
“Somos dos personas con las que quieren disciplinar a todo el cuerpo médico de la provincia para que nadie más se atreva a realizar una interrupción legal del embarazo y no cumplir con una ley vigente desde 1921”, concluyó Ousset.
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