La diputada Marina Salzmann, referente del Frente Renovador, alzó una voz de alerta sobre el avance del denominado “Super RIGI” (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), un esquema que, según su visión, consagra una desigualdad jurídica y económica sin precedentes en la historia reciente del país.
Para Salzmann, desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza, ya se contabiliza el cierre de 26.448 empresas. Esta cifra no es solo un dato estadístico; representa la desaparición de miles de puestos de trabajo y el desmoronamiento de proyectos familiares en todo el territorio nacional.
La crítica de la legisladora apunta al corazón de la filosofía económica oficial. Según Salzmann, el Gobierno no busca una competencia en igualdad de condiciones, sino que «promueve un modelo con ganadores y perdedores». En este esquema, los “ganadores” son las grandes corporaciones transnacionales que logran encajar en el Super RIGI, mientras que el “perdedor” designado es el entramado PyME, que carece de paraguas legislativo frente a la crisis.
«El esquema regula y asegura beneficios para grandes inversores sin exigirles generación de empleo argentino ni liquidación de divisas en el país», denunció la diputada con una retórica pedagógica que busca explicar el impacto real de estas medidas en la soberanía económica. Para la legisladora, otorgar privilegios por tres décadas a actores que no se comprometen con el mercado interno es una forma de hipotecar el desarrollo nacional.
Las asimetrías del Super RIGI: ¿Privilegios vs. Supervivencia?
El análisis detallado que realiza Salzmann expone brechas fiscales que resultan, cuanto menos, llamativas para cualquier emprendedor local. Mientras una PyME promedio debe enfrentar una carga tributaria asfixiante para mantenerse a flote, el régimen impulsado por el Ejecutivo ofrece un oasis fiscal para los megaproyectos.
La legisladora detalló las asimetrías más punzantes del régimen:
- Contribuciones Patronales: Las empresas adheridas al Super RIGI pagarán apenas el 10%, mientras que las PyMES deben afrontar el costo total.
- Impuesto a las Ganancias: Se establece una alícuota del 15% para los grandes inversores, frente al 35% que deben abonar las pequeñas y medianas empresas.
- Esquema cambiario y comercial: Los beneficiarios del régimen accederán a un sistema privilegiado de divisas, podrán importar sin aranceles y exportar sin retenciones.
Lo más grave, según Salzmann, es que estas ventajas no vienen acompañadas de contraprestaciones sociales básicas. Las grandes corporaciones «no estarán obligadas a contratar trabajadores locales», una exención que choca frontalmente con la necesidad de reactivación del mercado laboral. «Las PyMES son las principales responsables de la generación de empleo en la Argentina, y son justamente a las que el gobierno les da la espalda», remarcó con dureza.
Para la referente del Frente Renovador, este contraste normativo expone una decisión política deliberada de abandonar a quienes producen dentro de las fronteras argentinas. La retórica oficial suele hablar de libertad de mercado, pero Salzmann advierte que, en la práctica, se está construyendo un sistema de castas empresariales.
«Mientras las grandes corporaciones reciben privilegios a medida, las PyMES pelean para sobrevivir y profundizan su estado de emergencia», sentenció. En este sentido, la diputada reclama una política de Estado que «atienda y acompañe al entramado productivo nacional, que es el que genera trabajo argentino».
La advertencia de Salzmann resuena como un llamado a recuperar el sentido de comunidad organizada en torno a la producción. Su conclusión es una interpelación directa a la dirigencia y a la sociedad sobre el rumbo que está tomando el país en esta nueva etapa: «No se construye un país abandonando a quienes producen y emplean dentro de nuestras fronteras».
