Tras más de cuatro años de litigio y de distintas instancias legales, la Justicia puso fin al conflicto entre el municipio de General Madariaga y la empresa Ecoplata por el manejo del basural en el que se vierten desechos de vecinos locales y de miles de veraneantes de Villa Gesell y Pinamar.
A través de un reciente fallo del Juzgado Contencioso Administrativo de la ciudad de Neochea, a cargo del Dr. Carlos Alberto Herrera, al que tuvo acceso INFOCIELO, se confirmó la expropiación del predio de 97 hectáreas, ubicado a la altura del Km. 405,50 de la Ruta provincial 11, en favor de la Municipalidad de General Madariaga.
A cambio, la comuna deberá pagar una indemnización estimada en dólares.Ante la importante suma a desembolsar, desde el distrito que gobierna el intendente Esteban Santoro (UCR) se adelantó en un comunicado de prensa que apelarán el monto establecido “dado que no se considera el grave daño ambiental que tiene el lugar”.
La historia de un largo litigio por el predio del basural de Madariaga
El conflicto se inició allá por el año 2018, cuando la municipalidad de Madariaga, a cargo del radical Carlos Santoro, corrió de la operación del basural local a la firma Ecoplata, mediante una medida cautelar dictada por el juez en lo Contencioso Administrativo de Dolores, Marcelino Escobar.
Los motivos ponderados por el distrito eran que la firma operaba en el predio “incumpliendo todas las obligaciones del contrato referidas al saneamiento y remediación del lugar” y “afectando enormemente al medio ambiente de toda la zona de trabajo” sumados a conflictos existentes de esa firma “con los municipios vecinos a los que también les hacía la recolección”.
Desde ese momento, el municipio comenzó a administrar y controlar el tratamiento de residuos del predio, a fin de reparar el daño ambiental y activó un programa de remediación del estado nacional.
Sin embargo, en 2019, la Cámara de Mar del Plata concedió la apelación del fallo que le devolvía a la firma la operación del predio de disposición final de residuos y cuestionaba la intervención del Fiscal de Estado en el proceso y advirtió sobre una “oscura intención estatal de apoderarse del establecimiento”.
Así las cosas, el municipio se mantuvo en el predio y logró que en 2020 la Cámara de Diputados bonaerense diera media sanción a un proyecto de ley para declarar al predio en litigio como de “utilidad pública” y autorizó la expropiación del basural. Tiempo más tarde, la iniciativa logró la aprobación del Senado bonaerense y se convirtió en ley (fue publicada en el Boletín Oficial en el año 2021).
Las discusiones siguieron en la Justicia. Los demandantes iniciaron una nueva presentación contra la Municipalidad de General Madariaga por una presunta “expropiación irregular” del predio.
En especial, refierían a que la posesión del predio por parte del Estado “lo haya tomado sin indemnizar, o tal circunstancia implique una virtual indisponibilidad” y además posaron su atención en un remanente de tierras no utilizado en el predio para una eventual explotación agropecuaria ( este último punto fue denegado por la Justicia dado que históricamente gran parte de la parcela venía siendo explotada por su titular -directa o indirectamente- como depósito de residuos y por ello su rédito económico no pasaba por la realización actividad agropecuaria)-.
Así las cosas, la Justicia confirmó la validez de la expropiación del predio al tiempo que estableció un valor de indemnización (valor de terreno de 392.624 dólares más 291.692 dólares por edificaciones y mejoras existentes en el lugar y una tasa del 6% anual desde presentado el informe pericial y hasta la liquidación. Asimismo, desde aprobada dicha liquidación-convertida a pesos y hasta el efectivo pago se adiciona la tasa activa de interés que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para restantes operaciones en pesos).
