La delicada decisión de un fiscal plantense que buscaba ser la solución para terminar con la ‘epidemia’ de amenazas de bomba en los colegios bonaerenses seguramente termine como una anécdota pintoresca. Es que la idea –de no evacuar si sólo se trata de una llamada telefónica- no fue bien recibida en el Ministerio de Educación y van a tratar dejarla sin efecto.
La polémica se generó anoche cuando Álvaro Garganta, titular de la UFI 11 de La Plata, le mandó una nota al titular de la cartera de Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny. Según pudo saber INFOCIELO, esa comunicación tomó al funcionario de María Eugenia Vidal “por sorpresa”.
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Directamente, desde la careta educativa, por estas horas, “estudian” con el Ministerio de Justicia la forma en que podrían aplicar una decisión que -aseguran- “genera más dudas que certezas”.
Como ya informó este portal, Garganta dispuso que, durante su turno hasta el 15 de agosto, frente una intimidación pública, “la actuación policial” sólo “se limitará a convocar de inmediato a los técnicos de explosivos, a los fines de realizar una inspección sobre el lugar”.
La opción del desalojo sólo quedaría para los casos de amenazas de explosivos “solo si los especialistas encontraran algún material que fuera necesario explotar se procederá entonces a realizar el usual perímetro y la evacuación del edificio”.
En el equipo de Sánchez Zinny, el malestar pasaba también esta mañana por la decisión de Garganta de hacer pública la decisión, lo que dejó a la Provincia en la obligación de tener que responder, ahora, de manera oficial, cuál es la determinación que se tomó. Por lo pronto la decisión del fiscal permanece “en suspenso” y los directores se seguirán manejando con el protocolo vigente.
Es más, esta mañana, al menos, ya están confirmados dos casos de colegios que fueron evacuados por decisión de las autoridades, uno en La Plata y otro en Berisso. Fuentes de la fiscalía consultadas por INFOCIELO le buscaron bajar el tono a la propuesta de Garganta y hablaban de que el objetivo era avalar a los directivos en el caso de que considerasen más trastorno sacar los alumnos a la calle que revisar las aulas sin semejante movimiento.
“Se buscó atender otras particularidades como el frío, el problema de tener mil alumnos en la plaza como sucede en el colegio Normal 1, donde los chicos también quedan expuestos a los riesgos del tránsito. Sí los directivos quieren desalojar pueden seguir haciéndolo”, explicaron.
Desde la UFI 11 entienden que la evacuación automática “es hacerle el caldo gordo y ser funcional a los delincuentes”. Cada operativo de la División de Explosivos le sale al Estado entre 20 y 30 mil pesos. En 2017, está modalidad de delito aumentó 620% con respecto a 2016. En 2018, la tendencia es la misma, principalmente, en la ciudad capital.
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