Dos sindicalistas de camioneros deberán regresar a la cárcel común, luego de que la cámara de apelaciones de San Nicolás les revocara la prisión domiciliaria. Están acusados de participar de los bloqueos a una pyme de San Pedro.
Maximiliano Cabaleyro, jefe de la seccional nicoleña de Camioneros y concejal del FDT en San Nicolás, y Fernando Espíndola están acusados de los delitos de turbación de la posesión, coacción en grado de tentativa, extorsión y extorsión en grado de tentativa en concurso real, por lo que el juez Román Parodi había ordenado la prisión preventiva el pasado 17 de mayo.
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Junto a su decisión el magistrado había asegurado que no se advertían “motivos para presumir que en el caso de otorgarse el beneficio” solicitado por ambos acusados “exista peligro de fuga o de entorpecimiento del proceso”.
Por su parte, tanto la fiscal del caso, María del Valle Viviani, como la abogada denunciante, Florencia Arietto, apelaron el beneficio que se les otorgó aludiendo a que de esa manera podían entorpecer la investigación.
Desde la Cámara de Apelaciones hicieron lugar al reclamo y anularon la prisión preventiva “dejando sin efecto la parte pertinente de la resolución en crisis: concesión de medidas de atenuación de la coerción como arresto domiciliario a los prevenidos (punto 3)”, dictaron en el fallo que publicó Infobae.
Allanamiento de la sede gremial
Esta decisión de la Cámara se dio luego de que se realizara un allanamiento a la sede gremial en la que se secuestraron recibos donde constarían el supuesto “ingreso de dinero” proveniente de los empresarios denunciados pero sin documentos que avalen la presunta deuda esgrimida por el sindicato.
A partir de esa documentación, la fiscal María Del Valle Viviani sumó el delito de “extorsión por suscripción de documento jurídico” a las acusaciones previas por “turbación de la posesión” y “extorsión” que ya pesaban contra los representante del gremio de choferes.
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