La Cámara de Apelaciones de Quilmes confirmó la prisión preventiva para el comisario mayor Francisco Centurión, investigado por la desaparición de Lucas Escalante, quien fue visto por última vez en diciembre pasado cuando salió de Florencio Varela junto a su amigo Lautaro Morello, luego asesinado, y anuló la parte del auto de procesamiento en el que se había descartado la imputación de privación ilegal de la libertad.
En una resolución de 14 páginas,, la Sala 1 de dicha Cámara hizo lugar a la apelación presentada por el fiscal de la causa, Daniel Ichazo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Berazategui, para que se revea el fallo del juez de Garantías 5, Julián Busteros.
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“Nuestro más alto Tribunal Nacional ha resuelto en el sentido adelantado, considerando arbitraria la decisión que valoró defectuosamente los elementos probatorios reunidos, al no integrarlos ni armonizarlos”, argumentó en el fallo firmado por el juez Mario Caputo.
La resolución de la Cámara también incluyó el pedido realizado por los particulares damnificados, integrados por Margarita Jarque, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en representación de la familia de Morello (18), y Guillermo Dieguez, por Escalante (26).
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De esta manera, el comisario Centurión seguirá procesado con prisión preventiva por el delito de “sustracción de caudales públicos”, al tiempo que la Cámara ordenó remitir el incidente al Juzgado de Garantías de Busteros para que “dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho” respecto al delito de “privación ilegal de la libertad agravada por haber durado más de un mes y por ser cometida con violencia”, en prejuicio de Escalante.
Es que al momento de dictar el procesamiento, el magistrado lo hizo solo por “sustracción de caudales públicos” y no por el delito más grave, lo que motivó las apelaciones de las partes acusadoras.
MÁS DETENIDOS
En esta causa, Cristian y Maximiliano Centurión están acusados del homicidio de Morello y de la privación de la libertad de Escalante, mientras que, al exjefe de la seccional de Bosques, comisario Sergio Enrique Argañaraz, se le imputa el encubrimiento del caso.
Para el fiscal, “debe destacarse que si bien se encuentra acreditado que Centurión llegó luego de realizar un viaje a su vivienda y que se habría quedado a solas con su hijo Cristian Centurión, no puede perderse de vista que ello habría ocurrido un día después de la desaparición de las víctimas, por lo que resulta aventurado afirmar que el aquí imputado se sumó a su sobrino (Maximiliano) y su hijo y asumió la conducción del evento”.
En tanto, en su fallo, el juez Busteros consideró que las maniobras que la fiscalía le imputó al policía “se acercan más a la figura de encubrimiento que en la presente no resulta punible”, ya que uno de los principales acusados es su hijo Cristian, actualmente preso junto a su primo sobrino Maximiliano.
EL CASO
Escalante (26) fue visto por última vez el viernes 9 de diciembre en la localidad de Bosques, de Florencio Varela, cuando pasó a buscar a Morello para salir a festejar el triunfo de la Selección Argentina ante Países Bajos por las semifinales del Mundial de Qatar a bordo de un auto BMW que al día siguiente apareció incendiado.
El cuerpo de Morello fue encontrado cerca de las 21.30 del jueves 15 a la vera de la autopista en construcción Buen Ayre, en Guernica, partido de Presidente Perón, recostado boca abajo, “semicalcinado y en avanzado estado de descomposición” y, según la autopsia, la muerte se produjo por “asfixia mecánica”.
El último destino en el que quedó acreditado que estuvieron los dos amigos, en base a la declaración de testigos y por el análisis de antenas de celular y cámaras de seguridad, fue la casaquinta del comisario mayor Centurión, en La Capilla.
Si bien el móvil del hecho aún no está esclarecido, una de las hipótesis que se investiga es que Cristian y Maximiliano Centurión le ofrecieron como anzuelo a las víctimas los vales de nafta gratuitos que tiene la policía bonaerense para abastecer los móviles de combustible.
En el marco de la causa se continúan realizando rastrillajes en distintas zonas de la zona sur del conurbano bonaerense, ordenados por el fiscal Ichazo y llevados a cabo por agentes, perros rastreadores, Defensa Civil y Bomberos de la Policía Federal Argentina (PFA).
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