El por ahora exsindicalista Juan Pablo Pata Medina volvió a la escena. El lunes encabezó un multitudinario acto frente a la sede de la UOCRA en la avenida 44 cerca de la Plaza Italia de La Plata. Por ese evento la justicia federal lo citó a declarar para que explique la presunta desobediencia a volver a la actividad gremial, algo que se le tiene prohibido.
La cita será hoy con el juez Alejandro Esmoris del Tribunal Oral Federal 2, y justamente esta madrugada se viralizó por las redes sociales un mensaje mafioso en un video protagonizado por once enmascarados con armas largas, en las que la voz masculina de uno de ellos amenaza de muerte al juez, al hijo y al fiscal, en claro apoyo al Pata Medina.
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En las imágenes se pueden ver las banderas que identifican al grupo como supuestos integrantes del gremio con base en el barrio El Hongo de Ensenada.
Los protagonistas del video hicieron sonar las automáticas para amenazar al juez, al fiscal y al hijo del juez de muerte. “Queremos arrancar diciendo que, si mañana (por hoy) toman medidas con nuestro líder, vamos a matar al juez, al fiscal, al hijo del juez y al que venga, con la banda del Puly y el Pata”, dice el vocero principal del video.
Por el momento, los autores no fueron identificados. Detectives policiales de la DDI La Plata y de la comisaría Primera de Ensenada, quienes tratan de identificar a los autores del mensaje mafioso, en una causa que abrió de oficio la UFI N°1 del Departamento Judicial de La Plata de la fiscal Ana Medina.
La cita de Medina será por zoom y el juez del Tribunal Federal en lo Penal N° 2 de la capital provincial, a cargo de la causa por asociación ilícita, coacción agravada y extorsión reiterada, podrá resolver que vuelva a prisión.
Según trascendió, en el transcurso de la declaración, el sindicalista solicitará el levantamiento de la restricción para actuar en las actividades del gremio.
Medina aseguró que el acto del lunes tuvo un tono político y que no se trató de una actividad sindical.
El abogado de Medina, César Albarracín, explicó que no existen razones para mantener la medida. “Es una pena de inhabilitación encubierta. A ningún procesado le aplican restricciones similares”, afirmó el defensor.
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