José Luis Espert apeló su procesamiento por presunto lavado de activos y el de su empresa, Varianza S.A., en la causa por los US$200.000 que recibió del empresario Fred Machado en 2020. El economista cuestionó la resolución judicial por considerarla contradictoria, sesgada y carente de pruebas, y volvió a denunciar que existe un plan para sacarlo del medio.
“¿Debo ser clarividente yo?”, planteó al cuestionar que el juez le atribuya haber sabido que Machado estaba vinculado a actividades ilícitas cuando recibió el dinero, pese a que —según su defensa— el propio fallo describe al empresario aeronáutico sin sospechas aparentes sobre su reputación en aquel momento.
Los recursos fueron presentados por sus abogados ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro. La defensa pidió a la Cámara Federal de San Martín que revoque el procesamiento, dicte el sobreseimiento de Espert y de la sociedad y deje sin efecto el embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país.
“Apelé mi procesamiento y el de mi empresa porque el fallo es contradictorio, sesgado, falto de prueba y de tintes políticos”, resumió el dirigente en un extenso descargo publicado para explicar los argumentos de su presentación.
Espert cuestionó las pruebas y apuntó contra el juez
Uno de los principales argumentos de Espert es que la resolución avanzó con el procesamiento mientras reconoce que todavía no llegó una respuesta de Estados Unidos a un exhorto enviado hace un año para determinar el origen de los fondos.
Para el economista, esa circunstancia expone una contradicción central de la causa: sostiene que se lo procesa por lavar dinero proveniente de un delito cuyo vínculo con la transferencia todavía no estaría probado en el expediente.
También cuestionó que el fallo considere insuficientes algunos elementos para acreditar que conocía el supuesto origen ilícito del dinero, pero que, al mismo tiempo, concluya que “debía haberlo sabido”.
“Se me procesa por lavar fondos de un delito cuya prueba el juzgado todavía espera”, sostuvo. Y agregó que la resolución reconoce que el único dato que lo distinguiría de otras personas e instituciones que tuvieron trato con Machado no alcanza para probar el conocimiento de una actividad ilícita.
En esa línea, Espert también objetó que el juez considere que la creación de Varianza y la falta de declaración fiscal de la transferencia podrían encuadrarse en una cuestión impositiva, pero que esos elementos formen parte de una imputación por lavado de activos.
La defensa de Espert sobre los US$200.000
El exdiputado libertario insistió en que el dinero recibido en enero de 2020 correspondió a un contrato de consultoría y rechazó que se haya tratado de una operación destinada a ocultar fondos de origen ilegal.
Según su explicación, la transferencia se realizó desde el exterior a una cuenta bancaria a su nombre y el dinero se utilizó para comprar dos automóviles. Además, destacó que las operaciones quedaron registradas y que la sociedad que constituyó con su esposa en 2019 declaró los sueldos y cumplió con sus obligaciones fiscales.
“Acá no hubo nada escondido”, afirmó. Como parte de su defensa, señaló que la compra de uno de los vehículos se realizó en una concesionaria, con factura y certificación contable presentada ante el registro público, mientras que el segundo se pagó mediante transferencia bancaria.
Espert también sostuvo que el contrato nunca fue presentado ante bancos, registros u organismos para justificar movimientos de dinero durante los cinco años posteriores a su firma. Por eso, considera que no pudo haber funcionado como una pantalla para disimular el origen de los fondos.
Otro de sus cuestionamientos apunta a que, según su versión, Machado no recibió de vuelta el dinero y los impuestos correspondientes fueron pagados por él. “Un delito sin origen probado y sin beneficiario posible es un delito que no ocurrió”, concluyó en su descargo.
Embargos millonarios y prohibición de salir del país
Espert también pidió que se levanten las restricciones impuestas por el juzgado. El procesamiento, dictado el 22 de octubre, incluyó un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes y la prohibición de salir del país sin autorización judicial.
Para el dirigente, ambas medidas son “desproporcionadas” porque, según argumentó, el propio fallo señala que no existen riesgos procesales, que se presentó a las citaciones y que la prueba ya se encuentra reunida.
En el caso de Varianza S.A., la sociedad también fue procesada y recibió un embargo de $500 millones. Espert cuestionó esa decisión al sostener que la empresa no facturó a Machado ni a compañías vinculadas con él, ni recibió dinero de la operación investigada.
La defensa solicitó, en forma subsidiaria, que se dicte la falta de mérito si la Cámara considera que todavía no hay elementos suficientes para resolver el caso. También reclamó que se produzca la prueba pendiente y volvió a cuestionar la intervención del fiscal y la jurisdicción en la que tramita la investigación.
“Seguiré luchando hasta las últimas instancias”
El tramo más político del descargo llegó al cuestionar el cierre del fallo judicial, que incluye referencias al lavado de activos y a la financiación de figuras de un espacio político y de campañas electorales.
Espert sostuvo que esos hechos corresponden a otra causa y que nunca fue indagado por ellos en este expediente. A su entender, la inclusión de esas referencias constituye un indicio del trasfondo político de la investigación.
“Se me ensucia con algo por lo que nunca fui escuchado ni acusado formalmente”, afirmó. En ese sentido, volvió a denunciar que el proceso busca perseguirlo y proscribirlo.
El economista también reclamó que la investigación tramite ante el juzgado que, según dijo, estudia los mismos hechos desde 2021. Mientras espera una respuesta de la Cámara Federal de San Martín, ratificó que continuará con su estrategia judicial.
“Seguiré luchando hasta las últimas instancias, mal que le pese a quienes urdieron este plan para sacarme del medio”, cerró.
