En un contexto en el que el endeudamiento de los hogares se convirtió en una de las principales dificultades para muchas familias, una demanda colectiva volvió a poner bajo la lupa el negocio financiero de Mercado Pago. La plataforma es cuestionada ante la Justicia por los costos aplicados a determinados créditos, que en algunos casos pueden llevar el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) por encima del 1.300%.
La presentación fue impulsada por el abogado Diego Espasandín, fundador de la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA), y tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires. El reclamo apunta contra Mercado Libre S.R.L., titular de Mercado Pago, y se inició a partir de los casos de dos consumidoras.
El planteo judicial busca que se revisen los costos financieros aplicados durante los últimos tres años y que, si se determina que existieron sumas cobradas de manera indebida, se ordene su devolución. ACFRA, además, pretende que una eventual sentencia favorable tenga alcance colectivo y beneficie a quienes hayan atravesado situaciones similares.
Créditos a pocos clics y costos elevados
La discusión adquiere especial relevancia por la facilidad con la que actualmente pueden obtenerse créditos a través de plataformas digitales. En pocos pasos y sin necesidad de concurrir a una entidad bancaria, los usuarios pueden acceder a financiamiento que, para quienes atraviesan dificultades económicas, aparece como una salida inmediata pero puede convertirse en una deuda de alto costo.
Según la asociación, determinados préstamos ofrecidos por Mercado Pago presentan costos que resultarían desproporcionados y podrían configurar una práctica abusiva. En las líneas de consumo y préstamos personales señaladas, las tasas nominales anuales (TNA) informadas van desde el 48% hasta el 249%.
En el extremo superior, una TNA del 249% se traduce en una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 863,48% y en un CFTEA máximo del 1.375,94%. Este último indicador contempla no solamente los intereses, sino también impuestos y otros costos asociados al financiamiento, y permite dimensionar el precio total de la operación en términos anualizados.
La diferencia es importante: el porcentaje superior al 1.300% que cuestiona ACFRA no representa la tasa de interés que se aplica directamente sobre cada cuota, sino el costo financiero total expresado de manera anual.
La explicación de Mercado Pago
Desde la compañía señalaron que las condiciones de cada préstamo se definen mediante un sistema propio de evaluación de riesgo. De acuerdo con esa explicación, los costos más elevados corresponden principalmente a créditos de bajo monto otorgados a personas sobre las que existe poca información en materia de antecedentes crediticios.
La empresa también sostuvo que aproximadamente el 2% de los préstamos corresponde al segmento de mayor costo. La diferencia entre los créditos según el perfil de cada cliente es, así, uno de los argumentos utilizados para explicar la amplitud de las tasas que puede ofrecer la plataforma.
Los valores cuestionados, de todos modos, se encuentran por encima de los costos financieros publicados para numerosas líneas de préstamos personales de bancos tradicionales, cuyos CFTEA pueden ubicarse, según la entidad y las condiciones de cada operación, en rangos aproximados de entre el 160% y el 400%. La comparación no es estrictamente equivalente, ya que intervienen variables como el monto, el plazo y el perfil de riesgo de cada usuario.
Una demanda que podría alcanzar a millones de usuarios
Espasandín planteó en el streaming Contra Ataque que muchos consumidores recurren a este tipo de financiamiento para afrontar necesidades económicas concretas y terminan asumiendo costos que la organización considera excesivos. Sobre esa base, ACFRA busca que el reclamo iniciado por dos consumidoras pueda extenderse a otros usuarios que se encuentren en una situación equivalente.
La asociación estima que el universo potencial podría alcanzar a unos siete millones de personas en todo el país. Se trata de una proyección realizada por la entidad demandante y no de una cantidad de consumidores damnificados reconocida por la Justicia.
El caso queda ahora en manos del tribunal, que deberá determinar si los costos financieros cuestionados se ajustaron a la normativa vigente y si existieron cobros que deban ser restituidos. También será la Justicia la que defina, en caso de una eventual sentencia favorable, cuál podría ser el alcance colectivo del reclamo.
La discusión vuelve a poner el foco en una de las caras menos visibles del crédito digital: la facilidad para acceder al dinero puede reducir las barreras de entrada al financiamiento, pero también hacer que una deuda de pocos clics termine teniendo un costo muy difícil de afrontar para hogares que ya llegan con sus ingresos comprometidos.
