El acceso a la vivienda en la Argentina se ha transformado en un laberinto económico de difícil salida, donde el eslabón más debil son los inquilinos. Los datos de la última Encuesta Nacional Inquilina, realizada sobre 808 hogares en 16 provincias por la Federación de Inquilinato Nacional e Inquilinos Agrupados, exponen un panorama severo, las condiciones de vida de quienes alquilan muestran un deterioro sostenido que no encuentra alivio en ninguna de las variables centrales.

Actualmente, un 29,7 por ciento de los hogares inquilinos se encuentra en situación de emergencia habitacional. Esto implica que casi uno de cada tres hogares sufre simultáneamente el peso de la sobrecarga del alquiler, acumulación de deudas, atrasos en los pagos y la inminencia de mudanzas forzosas. El perfil de los afectados directos tiene un rostro mayoritariamente femenino, el 68 por ciento de quienes respondieron son mujeres y la edad mediana del sector se ubica en los 40 años, en estructuras familiares donde los hogares unipersonales representan la primera minoría con el 38 por ciento.

El estancamiento familiar y el mecanismo regresivo del mercado

El valor del alquiler mediano a nivel nacional alcanzó los $656.500. Sin embargo, la distribución territorial revela brechas significativas y un fenómeno alarmante en el interior del país, si bien la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mantiene como la plaza más costosa con una mediana de $700.000, las provincias del interior ya superan a la provincia de Buenos Aires, registrando un alquiler mediano de $665.000 frente a los $600.000 del territorio bonaerense. Para un departamento de tres ambientes, por caso, la cifra asciende a $873.000 en CABA y a $750.000 en el resto del país, dejando a la provincia de Buenos Aires en la escala más baja con $660.000.

El verdadero drama social se desencadena al cruzar el costo habitacional con los ingresos disponibles por grupo familiar. La estructura actual funciona de manera abiertamente regresiva y castiga a los hogares más numerosos, que habitualmente incluyen niños. Mientras que el ingreso promedio de una persona que vive sola se sitúa en $1,65 millones, la suma de integrantes no se traduce en un incremento proporcional de los recursos económicos. A partir de un hogar de dos personas, los ingresos se estancan en una franja que va de los $2,3 a los $2,4 millones, sin importar si conviven dos, tres o cuatro personas. En contraste directo, el alquiler no se estanca, la necesidad de mayor cantidad de ambientes eleva el precio del alquiler en un 44 por ciento al pasar de un hogar unipersonal a uno de tres personas. La consecuencia es un desamparo financiero inmediato.

Al inquilino soltero le queda un ingreso disponible por persona de $950.000 tras abonar su techo, en un hogar de cuatro integrantes, esa cifra se desploma a apenas $367.000 por persona, reduciendo a menos de la mitad el dinero para subsistir.

La espiral de la deuda y el pluriempleo como último recurso

La falta de correlación entre los salarios y el costo de la vivienda empuja a los ciudadanos a una espiral de endeudamiento y mora que parece no tener fin. Un 72,9 por ciento de los hogares inquilinos arrastra deudas activas, marcando el punto más alto del registro histórico de esta encuesta.

Dentro de este universo endeudado, la situación es crítica, el 38 por ciento del total general de inquilinos ya se encuentra formalmente atrasado en sus pagos. El origen de este endeudamiento demuestra que no se trata de consumos suntuarios, sino de una estrategia de supervivencia básica. El 55 por ciento de las familias necesitó financiamiento para comprar comida y un 37 por ciento lo hizo para cubrir el propio costo habitacional.

A su vez, el 66 por ciento recurre a la tarjeta de crédito, lo que implica refinanciar deuda vieja contrayendo nuevas obligaciones. El peso del alquiler determina la viabilidad de la economía doméstica. En los hogares donde el pago del alquiler absorbe más del 70 por ciento de los ingresos, el atraso en las deudas trepa de forma drástica al 73 por ciento.

Asimismo, el 80 por ciento de quienes debieron endeudarse para costear las expensas del edificio ya cayeron en mora. Este ahogo no discrimina por el tipo de inserción laboral, debido a que el 68 por ciento de los inquilinos posee un empleo registrado y formal, pero sus salarios resultan insuficientes ante los precios vigentes.

Ante este escenario, la única alternativa viable para los trabajadores ha sido la multiplicación de la jornada laboral. El pluriempleo creció sin pausa y hoy el 47 por ciento de los encuestados declara tener dos o más trabajos. De hecho, un tercio de los inquilinos debió sumar una ocupación adicional a lo largo del último año para intentar sostener su vivienda.

Mudanzas forzosas y el reclamo por un nuevo marco legal

Cuando el pluriempleo y las tarjetas de crédito ya no bastan, sobreviene el desalojo económico. La encuesta revela que el 20 por ciento de los inquilinos —uno de cada cinco— se vio obligado a mudarse en el último período por la absoluta imposibilidad de hacer frente a los aumentos. Este indicador alcanzó el valor más alto de la serie y golpea con mayor dureza fuera de la capital del país, registrando tasas de mudanza forzosa del 21,5 por ciento en la provincia de Buenos Aires y del 22,6 por ciento en el resto de las provincias, frente al 17,5 por ciento detectado en CABA.

El contexto contractual actual agrava la desprotección, un 78 por ciento de los contratos se actualiza en períodos sumamente cortos de cada 3 o 4 meses, y un 65 por ciento utiliza el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que ignora la evolución real de los sueldos. Adicionalmente, un 5,8 por ciento de la muestra habita inmuebles sin ningún tipo de contrato escrito. Frente al avance de este escenario adverso, las demandas del colectivo inquilino se mantienen estables y contundentes a lo largo de las mediciones.

La flexibilización regulatoria actual genera un rechazo casi unánime, el 96 por ciento se opone a que los contratos se actualicen en base a la inflación, manifestando su preferencia por un esquema atado a la evolución salarial (47%) o mediante negociaciones con mediación estatal (49%). La periodicidad de los aumentos también está en la mira, ya que el 57 por ciento reclama subas anuales en lugar de trimestrales. Respecto a los plazos, mientras hoy el 71 por ciento sobrelleva contratos de apenas dos años de duración, el 84 por ciento solicita marcos regulatorios que garanticen una estabilidad de tres años o más. Por último, un 85 por ciento sostiene firmemente que el inquilino debe quedar eximido del pago de expensas extraordinarias y de los gastos de administración inmobiliaria.

Un deterioro semestral sin señales de alivio

La perspectiva comparada de las últimas tres ediciones de la encuesta —diciembre de 2025, marzo de 2026 y junio de 2026— ratifica que la crisis habitacional se encuentra en una fase de aceleración. En el lapso de seis meses, el precio del alquiler mediano subió un 12 por ciento, pasando de $586.000 a los actuales $656.500, un incremento que se ubicó muy por encima del índice inflacionario del período. Esta presión incidió directamente en la tasa de mudanzas forzosas, que saltó exponencialmente del 13,4 por ciento en diciembre al 20 por ciento en junio, representando un incremento de 6,6 puntos en el desalojo económico.

A la par, el porcentaje de endeudamiento consolidó su techo histórico tras escalar del 71 por ciento al 72,9 por ciento en junio. Para evitar perder el hogar, la necesidad de conseguir ingresos extra forzó al pluriempleo a subir del 43,1 por ciento a fines del año pasado al 47,4 por ciento en la medición actual. Quienes se vieron obligados a incorporar un nuevo empleo formal o informal en el último año saltaron del 26,3 por ciento en marzo al 32,9 por ciento en junio, reflejando un movimiento abrupto de más de seis puntos porcentuales en un único trimestre.

En contraposición a estas subas alarmantes, el esfuerzo salarial requerido quedó clavado en su máximo histórico, la mediana del sueldo destinada exclusivamente al alquiler se mantiene inamovible en el 40 por ciento en las tres ediciones. Los datos estructuran un diagnóstico contundente, la realidad de los inquilinos no experimenta mejorías y el deterioro avanza de forma transversal sobre un colectivo social desbordado