La empresa textil Fisipa, con planta en el predio de la ex Sniafa, en la localidad de José Hernández del partido de La Plata, entró en concurso preventivo de acreedores después de haberse declarado en cesación de pagos el 26 de mayo último.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°1, a cargo de Alberto Alemán, habilitó el proceso bajo la modalidad de “pequeño concurso” el 19 de junio, luego de que la firma presentara su pedido el 1 de junio.
La compañía, liderada por Luciano Galfione, presidente de la Fundación ProTejer, declaró un pasivo de $565,4 millones: $209,7 millones en deudas laborales, $161,2 millones en compromisos fiscales y sociales, y unos $194,3 millones adeudados a proveedores y entidades financieras. Su activo, compuesto principalmente por maquinaria textil e insumos como hilado de poliéster y nylon, asciende a $525,6 millones.
De 100 trabajadores a solo ocho empleados
Fundada en 2014 sobre las instalaciones de la histórica Sniafa (que había quebrado en 2010), Fisipa llegó a emplear a unos 100 trabajadores en su etapa de crecimiento, que se extendió hasta 2017.
Desde entonces acumuló dificultades, agravadas a partir de 2023 por las trabas a la importación, ya que más del 90% de sus materias primas son de origen extranjero. Hoy la planta funciona con apenas ocho empleados, después de sucesivas suspensiones y reducciones de personal durante 2025.
El conflicto laboral se profundizó hace apenas un mes, cuando la empresa despidió a 17 operarios sin previo aviso y ofreció pagarles solo la mitad de la indemnización que les correspondía por ley. La propuesta fue rechazada por el gremio, que exigió el pago total, y los extrabajadores realizaron protestas frente a la planta, con bombos y quema de neumáticos.
Las causas que expuso la empresa
En su presentación judicial, la firma atribuyó su crisis a una combinación de factores: una baja interanual del 23% en la producción textil, una capacidad instalada por debajo del 20%, un incremento superior al 600% en las tarifas de servicios públicos y la reducción de aranceles a las importaciones, que pasaron del 18% al 6%.
Según Fisipa, ese último factor permitió que “en solo tres meses ingresara al país el equivalente a un año completo de consumo en productos importados”.
Qué sigue en el proceso judicial
El caso de Fisipa se enmarca en una profunda crisis del sector: desde diciembre de 2023 cerraron 874 establecimientos de la cadena textil, indumentaria, cuero y calzado en el país (el 14% del total del rubro) y el empleo registrado de esas ramas cayó un 20% en el mismo período, según datos de la Fundación ProTejer.
Los acreedores de Fisipa tienen plazo hasta el 15 de septiembre de 2026 para presentar los pedidos de verificación de créditos. Después se abrirá el período de exclusividad, que se extenderá hasta el 1° de julio de 2027, durante el cual la empresa deberá negociar una propuesta de pago y reunir las mayorías necesarias para evitar la quiebra definitiva.
