La política de ajuste sobre el sector científico y tecnológico nacional alcanzó un nuevo pico de conflicto en la Comisión Nacional de Energía Atómica —CNEA—. Tras la decisión del Gobierno Nacional de dar de baja cerca de 60 contratos de trabajadores con años de antigüedad, el organismo quedó sumido en una situación de parálisis administrativa y asfixia operativa. El hecho cobró una dimensión pública dantesca por la presencia de efectivos de la Gendarmería Nacional dentro de las instalaciones para impedir el reclamo de los empleados.
En diálogo con LA CIELO, el doctor en física y secretario general de la asociación de profesionales del sector, Andrés Kreiner, advirtió que no se trata de un simple recorte presupuestario, sino de un “vaciado” que pone en riesgo la soberanía energética y la salud pública de los bonaerenses. El especialista explicó que la CNEA es el motor del ecosistema nuclear argentino, responsable no solo de la investigación, sino de la producción de radioisótopos fundamentales para el diagnóstico y tratamiento del cáncer en todo el país.
La “mano militar” y la ilegalidad de los despidos
Uno de los puntos más oscuros de la jornada fue la irrupción de fuerzas de seguridad federales en el edificio central de la institución. Según denunció el Dr. Andrés Kreiner, se trató de un despliegue de “mano militar” inédito desde la recuperación democrática de 1983. “Las autoridades llamaron a la gendarmería e hicieron ingresar a la gendarmería dentro de la casa; llegaron como 10 carros de asalto con armas frente a civiles desarmados y pacíficos”, relató el referente gremial en el programa Palabras más, palabras menos.
Respecto a la situación contractual, el especialista señaló que el método de despido fue una “maniobra” ilegal. Las notificaciones llegaron vía carta documento el mismo 30 de junio, sin preaviso, afectando a personas que cumplen funciones permanentes desde hace años, pero cuya relación laboral es “encubierta” mediante contratos temporales que se renovaban trimestralmente. Para la CNEA, este recorte genera un “agujero” en grupos de trabajo de alta complejidad que ya se encontraban operando con un déficit crónico de personal.
Un golpe al corazón de la energía bonaerense
El impacto de esta crisis tiene una traducción directa en la calidad de vida de la provincia de Buenos Aires. El sector nuclear no es una entelequia lejana: las tres centrales nucleares en operación en Argentina proveen el 8% de la energía eléctrica del país, pero representan el 30% de toda la energía generada en territorio bonaerense.
La degradación de la CNEA afecta la provisión de servicios de alta tecnología para el funcionamiento de estas centrales y el desarrollo de combustibles nucleares. “Lo que se está jugando acá es el desarrollo de la Argentina como un país moderno donde la tecnología y la ciencia juegan un rol”, sentenció el físico al denunciar la degradación de una actividad que le costó décadas de inversión y esfuerzo al Estado.
La hipocresía oficial: echar especialistas para contratar “afines”
El tercer eje de la denuncia desnuda lo que el sector califica como una “hipocresía” de la gestión de Javier Milei. Mientras el discurso oficial justifica las bajas en la supuesta falta de formación de los contratados o en una planta “sobredimensionada”, la realidad puertas adentro del organismo muestra un escenario opuesto.
Andrés Kreiner reveló que, al mismo tiempo que se expulsa a técnicos informáticos de alto nivel y administrativos formados, el Gobierno está incorporando a personas afines políticamente que no poseen formación terciaria ni idoneidad para las tareas específicas del área nuclear. “En la misma acción se dicen y se desdicen; todo esto lo que hace es degradar la calidad y el clima de trabajo”, concluyó el investigador, alertando que la asfixia salarial ya ha provocado la fuga de cientos de científicos hacia el sector privado o el exterior en los últimos meses.
