Este lunes, el primer ministro británico, Keir Starmer, lanzó un anuncio que sacudió los cimientos de Silicon Valley y encendió las alarmas en millones de hogares, el Reino Unido prohibirá de forma total el acceso a las redes sociales para los menores de 16 años. “Las redes sociales vuelven a los chicos infelices”, sentenció el líder laborista con una crudeza que no buscó rodeos. Sus palabras no solo intentaban justificar una ley, sino diagnosticar una época marcada por el bienestar dañado, el ciberacoso y los riesgos de abuso que viajan en un scroll infinito.

La medida es drástica y no contempla matices para las grandes corporaciones, plataformas de uso cotidiano como TikTok, Instagram, Facebook, X, Snapchat y YouTube quedarán vedadas para los adolescentes. En su lugar, el paisaje digital de los más chicos quedará reducido a rincones estrictamente controlados o pedagógicos, como YouTube Kids, Lego Play y Google Classroom.

Pero el plan de Downing Street no se detiene en los 16 años. La ofensiva legal dibuja un escenario casi distópico para los adolescentes un poco mayores, para quienes se contempla la posibilidad de un “toque de queda” nocturno que apague sus aplicaciones de madrugada. Además, la normativa corta de raíz otras esquinas oscuras de la web, se prohibirá el acceso a chatbots de inteligencia artificial diseñados para simular relaciones sexuales y se blindarán los controles en las transmisiones en vivo y los videojuegos.

Una tendencia global e irreversible

Starmer sabe que camina sobre un terreno minado de presiones internacionales y críticas de los gigantes tecnológicos, pero no está solo en esta cruzada. El Reino Unido se sube a una ola global que ya tiene pioneros firmes. Australia abrió el camino, convirtiéndose en el primer país del mundo en imponer por ley el bloqueo a menores de 16 años bajo penas de multas multimillonarias para las tecnológicas. A la vanguardia de este “apagón digital” se sumaron también Indonesia y Malasia, cerrando las fronteras de sus redes para proteger la salud mental de sus jóvenes.

El mapa del mundo empieza a teñirse con velocidad. Mientras Londres busca contagiar la iniciativa al resto del G7, otros países aceleran sus propios borradores. España, Noruega, Andorra y Nueva Zelanda ya anunciaron leyes similares para fijar el mismo límite estricto de los 16 años. En paralelo, naciones como Francia, Dinamarca, Grecia, Polonia y Eslovenia avanzan hacia restricciones severas o prohibiciones absolutas fijando el tope en los 15 años.

Frente a quienes argumentan que la ley nace muerta porque los jóvenes siempre encuentran una grieta técnica o una VPN para eludir los controles, el primer ministro británico fue tajante, que la trampa exista no invalida la necesidad y el deber moral del Estado de fijar un límite.

Mientras el debate quema las agendas políticas, en las calles la recepción se divide entre el alivio de las familias que cargan con el dolor de tragedias vinculadas al ciberacoso, y el escepticismo de organizaciones civiles que insisten en que el camino debería ser reformar los algoritmos de las empresas y no restringir a los usuarios.

Nadie sabe con certeza cómo lucirá una tarde en las plazas del mundo sin adolescentes filmando desafíos virales en las esquinas o scroleando pantallas bajo las sábanas a las tres de la mañana. Lo único seguro es que los gobiernos han decidido patear el tablero con una promesa tan ambiciosa como nostálgica, hacer que los jóvenes crezcan más seguros, más felices y, sobre todo, devolverles un fragmento de la infancia que la red les había quitado.

El debate en Argentina

Los debates más incipientes sobre el uso de dispositivos en niños y adolescentes han empezado por problemáticas particulares y violencia digital que advirtió a especialistas, docentes y a la política en general sobre la necesidad de tener un marco normativo adecuado estableciendo límites y sanciones. Sin embargo, no se habla de regular o prohibir en las primeras iniciativas legislativas.

A nivel nacional, el marco normativo contra los delitos en entornos virtuales se consolidó fuertemente a través de las reformas al Código Penal y la Ley de Protección Integral a las Mujeres. Las denominadas Ley Olimpia (promulgada a fines de 2023) y Ley Belén constituyen la vanguardia legal para tipificar y sancionar la violencia digital de género. Estas normas penalizan de manera específica la obtención y difusión no consentida de material íntimo y de desnudez. Asimismo, en lo que respecta al grooming y el acoso virtual hacia menores, el Congreso de la Nación mantiene bajo constante revisión legislativa las exigencias de penas aplicadas a los ciberservicios y el endurecimiento de los controles técnicos preventivos en los entornos donde interactúan niños, niñas y adolescentes.

En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el debate legislativo sobre el impacto tecnológico en la juventud incluye iniciativas orientadas a la pedagogía del bienestar digital. La diputada provincial MC Nazarena Mesías (UCR) impulsó proyectos enfocados en la concientización y la detección temprana de las adicciones a las pantallas. Estas propuestas apuntan a que el Estado provincial garantice herramientas, talleres y redes de contención interdisciplinarias tanto en las escuelas como en los municipios, permitiendo que tanto las familias como los educadores puedan advertir y mitigar los riesgos derivados del uso desmedido de dispositivos digitales desde la niñez temprana.

La problemática de la ludopatía infantil y las apuestas online

El combate a las plataformas de apuestas online legales e ilegales se convirtió en una de las mayores prioridades legislativas, tanto en el Congreso de la Nación como en la Legislatura Bonaerense. Diversos bloques parlamentarios avanzaron con propuestas orientadas a prohibir la publicidad masiva de juegos de azar que esté dirigida a menores. El núcleo operativo de estos proyectos de ley radica en la obligatoriedad de implementar la identificación biométrica (vía Renaper u otros sistemas digitales estatales) para el registro y los movimientos de dinero dentro de las aplicaciones, una medida diseñada para impedir que los adolescentes eludan los controles de edad vigentes mediante declaraciones juradas falsas o el uso de datos de sus padres.

El debate de regular o prohibir el acceso a menores

Por último, el debate más reciente y drástico se centra en la restricción directa del acceso a las plataformas y dispositivos digitales. En el plano nacional, diputados como Javier Noguera y Manuel Ignacio Aguirre encabezan proyectos para fijar el límite de acceso autónomo a las redes sociales a partir de los 16 años, requiriendo sistemas de verificación de edad y consentimiento parental cualificado. En sintonía, dentro de la Provincia de Buenos Aires, legisladores como Gustavo Cuervo presentaron proyectos que van un paso más allá y buscan prohibir de forma efectiva el registro y mantenimiento de cuentas a menores de 13 años, trasladando la responsabilidad civil y las sanciones económicas de manera exclusiva a las empresas tecnológicas dueñas de las redes.