En diálogo con LA CIELO, el abogado Marcelo Peña, defensor del diputado provincial Francisco Adorni, restó importancia a las irregularidades detectadas en la declaración jurada de su cliente, que incluyeron la omisión inicial de una herencia millonaria. Peña aseguró que se trata de “inconsistencias” administrativas comunes y no de un delito, mientras que el fiscal Marijuán inició una investigación para verificar la trazabilidad financiera del hermano del vocero presidencial.
El foco de la polémica judicial sobre Francisco Adorni se centra en la rectificación de su declaración jurada tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano por presunto enriquecimiento ilícito. Según explicó el abogado Marcelo Peña en el programa Palabras más, palabras menos, la aparición de bienes no declarados originalmente no constituye una figura penal. “Lo omitió, es cierto, lo omitió. Esta presentación juega a su favor; se le pasó como le pasa a cualquier ciudadano y ahora lo presentó”, sostuvo el letrado respecto a una herencia de 21 millones de pesos.
Deudas UVA y “causa político familiar”
Peña argumentó que la herencia provenía del padre de los Adorni y que Francisco la incorporó formalmente a su patrimonio en 2025. Para la defensa, el núcleo de la situación no es un incremento de riqueza, sino un aumento del pasivo. “El incremento patrimonial que denuncia Pagano se diferencia sustancialmente de lo que realmente tiene acreditado Adorni. El núcleo justamente de la situación hoy en día de Adorni es que aumentó su deuda”, detalló Peña, señalando que su cliente aún debe 120 cuotas de un préstamo hipotecario UVA que pasó de 45 a 57 millones de pesos entre el inicio y el cierre del periodo.
El abogado calificó la denuncia de Pagano como “muy generalizada e hipotética” y acusó a la legisladora de buscar construir una “causa político familiar” para vincular a Francisco con las sospechas que pesan sobre su hermano, Manuel Adorni. “Es imposible que esto se acredite con una figura delictiva”, sentenció, agregando que el fiscal Marijuán está solicitando informes a organismos como Arca y la Oficina de Anticorrupción simplemente para verificar la correspondencia de los datos.
“No es delito, son inconsistencias”
Ante el cuestionamiento sobre la prolijidad que debe tener un funcionario público al declarar sus bienes, Peña comparó la situación de Adorni con la de cualquier contribuyente o empresa pyme. “No es delito, son inconsistencias, son subsanaciones que cualquiera de nosotros, vos, yo, cualquiera hemos tenido siempre”, afirmó el abogado.
Peña insistió en que el 90% de los problemas en el ámbito profesional de autónomos o empresas derivan de este tipo de fallas en las presentaciones ante los organismos de control. “¿Cuántas intimaciones tenemos de Arca luego por presentar justamente esas omisiones o ese tipo de falencias en las presentaciones?”, cuestionó, minimizando el impacto penal de la rectificación y asegurando que, una vez que los medios nacionales comprendan que no hay delito, la presión sobre el diputado provincial disminuirá.
